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Contra la tortura

Jueves 28 de junio de 2012 por EdeN

En el marco del 26 de junio –Día Internacional de Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura- el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, llevó a cabo los días 25 y 26 de junio, en Casa Lamm, las Jornadas de Lucha Contra la Tortura, que en esta ocasión llevan por título La Tortura en las “Democracias” de América Latina.

Durante estas Jornadas contamos con la presencia de Ely Staco del Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP, Argentina), Marcelo Flores del Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la Tortura y Violencia Estatal (ITEI, Bolivia) y de diversos centros de Derechos Humanos de México: el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C. (Frayba, Chiapas), el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGODH, Oaxaca), Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Chihuahua), Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD, Guadalajara), entre otros que trabajan con el tema de Tortura.

En dicho evento se expuso la situación de la Tortura en los países participantes y por supuesto en México. Nos acompañaron sobrevivientes de tortura que dieron sus testimonios y el aporte que la rehabilitación ha traído a sus vidas. También tuvimos un evento cultural en el que nos acompañaron: el grupo de teatro “los zurdos”, “la Orquesta Camboyana de Sullivan” y se expuso la obra del pintor Sergio Naranjo.

Anexamos para su conocimiento y difusión un “Comunicado sobre la situación actual de la Tortura en México” elaborado por el CCTI.

Asimismo, les comentamos que el día 26 de junio se publicó el informe de ACAT Francia: En nombre de “la guerra contra la delincuencia” Un estudio del fenómeno de la Tortura en México, que se elaboró en colaboración con el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C. (Frayba) y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGODH).

Para mayor información comunicarse al teléfono: 5604 5642 o a nuestro correo electrónico colectivo@contralatortura.org

Agradecemos su atención.

Atte,

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad


México, D. F. a 25 de Junio de 2012.

COMUNICADO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA TORTURA EN MÉXICO

26 de Junio, Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a Víctimas de la Tortura, 26° Aniversario de la ratificación de México a la Convención Contra la Tortura

“LA REHABILITACIÓN ES UN DERECHO DE LOS SOBREVIVIENTES DE TORTURA”

A una semana de que se realicen las elecciones para elegir a los próximos gobernantes de este país, es necesario reflexionar acerca de los saldos que en materia de Derechos Humanos nos va dejando el sexenio de Felipe Calderón.
Desde que en 2006 anunció su “Guerra contra el narcotráfico”, alrededor de 60 mil personas han muerto, de estas, se calcula que aproximadamente 9,600 eran mujeres; 11.000 eran migrantes que pasaban por el territorio nacional. A esta cifra se suman las más de 5mil desapariciones forzadas, de las cuales 30 corresponden a defensores de Derechos Humanos y 72 a periodistas1. Otra cifra es la de los desplazados por la guerra contra el narco, de la que se calcula han afectado alrededor de 160 000 personas, principalmente en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Veracruz, Guerrero y Oaxaca2.

Tan sólo en el estado de Guerrero se ha reportado que en el 2011 se tuvo un registro de más de 65 mujeres asesinadas, de las cuales 37 homicidios violentos ocurrieron en la ciudad de Acapulco3.

Los casos de tortura, detenciones ilegales, y ejecuciones extrajudiciales en las que han participado efectivos de las Fuerzas Armadas, policías y grupos paramilitares también se han incrementado vertiginosamente. De acuerdo con Amnistía Internacional, se presentaron ante la CNDH 1.695 denuncias de abusos cometidos por el Ejército y 495 por la Marina. Sin embargo, hasta ahora, sólo se han formulado 25 recomendaciones al Ejército y 6 a la Marina.

La cifra de detenidos ligados a esta situación de violencia es difícil de calcular4, pero son alrededor de 150 mil y como frecuentemente sucede en México durante una detención, legal o ilegal, los detenidos son sujetos a prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Prácticamente, toda persona que es detenida sufre alguna forma de tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Además son presentados ante los medios de comunicación como presuntos culpables antes de que se les realice un juicio para establecer su participación en los delitos de los que se les acusa. Durante el último año, organizaciones como Amnistía Internacional, Articulo 19, Human Rights Watch (HRW), y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias5 han hecho públicos informes que documentan esta situación.

A este contexto de violencia, se suman los altos índices de marginación y pobreza de por lo menos 52 millones de mexicanos (la mitad de ellos jóvenes y menores de edad) la desigualdad, falta de oportunidades y de acceso a la justicia, que nos refleja un panorama poco alentador para el goce de una vida digna y de respeto a los derechos humanos.

Sobre el tema de tortura, el CCTI ha documentado de 2006 a 2012, 312 casos. De ellos 96 son mujeres (60 son sobrevivientes de tortura, 27 son familiares y 9 son compañeras y compañeros de su entorno social cercano) y 216 hombres, de los cuales 138 fueron detenidos arbitrariamente, 27 estuvieron desaparecidos y luego presentados, 3 de ellos aun siguen desaparecidos. De estos 312 casos 250 son sobrevivientes, 55 familiares y 12 de parejas de sobrevivientes. Se registraron 1426 casos durante el sexenio de Vicente Fox y 807 casos en el de Felipe Calderón. Los efectos acumulados de la desconfianza y el temor hacia las autoridades se produce, principalmente por el hecho de que son las mismas las encargadas de investigar la tortura, situación que se refleja nítidamente en la estadística. Los principales responsables, de acuerdo a nuestro sondeo son: la Policía Federal (antes PFP) 107, la Policía Judicial Estatal y Agencia de Seguridad Estatal 85, paramilitares 41, ejército 38, AFI 20, PGR 16. Los métodos de tortura empleados son: golpes 200, amenazas 190, humillaciones 184, posiciones forzadas 156, deprivación sensorial 110, estrés sensorial 117. Asfixia 70, toques eléctricos 17, presenciar la tortura de otros 132, tortura sexual 39 casos. Los Estados donde han ocurrido con mayor frecuencia estos hechos son: Estado de México, Guerrero, Distrito Federal, Guadalajara, Tlaxcala, Chihuahua, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Colima, Querétaro, San Luis Potosí y Puebla.

Actualmente el CCTI atiende a 38 personas privadas de su libertad, de las cuales 3 son mujeres. En cuanto a las secuelas de la tortura, 142 personas presentan depresión, 119 Trastorno de Estrés Postraumático, 56 casos presentaron síntomas graves de ansiedad, los síntomas psicosomáticos y el impacto psicosocial también son significativos.

La complejidad de abordar el tema de la tortura en México, se ve reflejada en el informe de HRW, donde se señala las responsabilidades y omisiones que cometen diversos órganos de la procuración y administración de justicia (Ministerios Públicos, policías ministeriales federales y estatales, jueces, peritos médicos, y fuerzas armadas).

El uso de la tortura por parte del Estado Mexicano no es un asunto de personas que cometen excesos. La tortura en México, igual que en muchos países del mundo, es una herramienta de control social y de represión, que genera miedo y rompe de manera recurrente y profunda el tejido social.

Como hemos comentado en años anteriores, la tortura es una grave y reiterada violación a los derechos humanos y un delito de lesa humanidad. No obstante, esta nunca se presenta sola. Generalmente se acompaña de otras violaciones que involucran crímenes de lesa humanidad, como las detenciones arbitrarias, la desaparición forzada o involuntaria de personas (que se reconoce como una forma de tortura continuada), la violación sexual y las ejecuciones extrajudiciales. Algunos casos que hemos registrado también implican desplazamientos, en la medida en que se obliga a los sobrevivientes de tortura y a sus familiares a realizar traslados o desplazamientos forzados. Los distintos gobiernos mantienen un doble discurso en Derechos Humanos: fuera del país se comprometen a todo y dicen cumplir; dentro del país, escamotean la difusión, promoción y reparación de los daños ocasionada por las violaciones cometidas.

A pesar de esta caracterización jurídica, las leyes mexicanas no castigan a los torturadores con la misma dureza que a los homicidas, secuestradores o delincuentes ligados al crimen organizado: a estos se les ha aumentando el número de años de cárcel, a diferencia de los servidores públicos torturadores, que en más de una ocasión se les ha premiado con ascensos, mejores salarios y prestaciones, pero sobre todo con IMPUNIDAD, la cual permite la existencia contradictoria de un gobierno, aparentemente elegido por votación de mayorías, que no rinde cuentas a la ciudadanía de las agresiones en contra de sus electores. Como formula maestra, la colusión de los distintos órdenes de gobiernos surgidos de diferentes partidos, han sido los responsables de casos emblemáticos de represión y tortura: el PAN en Guadalajara contra los globalifóbicos en 2004; el PRI, el PAN y el PRD en Atenco, en 2006; PRI y PAN en Oaxaca, en 2006; el PAN y PRD contra Ayotzinapa en 2011, etc.

Una de las características poco conocidas de la tortura es que se puede dar en cualquier lugar y durar sólo unos segundos. La tortura no solo se da en un sótano ni la aplican enfermos mentales, ni todos los torturados son golpeados brutalmente: ser apuntado con armas de fuego por policías y soldados en un reten, ser tratado de manera humillante, quedar en aislamiento e incomunicación durante la detención, la violación sexual a hombres y mujeres, todas son formas de tortura.

Es grande el esfuerzo del estado mexicano para esconder y silenciar la práctica de la tortura en los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. Todos cometen actos violatorios de la integridad y dignidad humana. Todos son omisos en investigarla y llevar a juicio a los responsables materiales e intelectuales. La actual situación de violencia y el marco de leyes y normas de México permiten un mayor grado de vulnerabilidad de los detenidos y no se han adecuado a los más altos estándares de protección de la integridad: el arraigo, la vigencia del fuero militar, las leyes contra delincuencia organizada, la soterrada pero permanente lucha contrainsurgente. Para las Fuerzas Armadas prácticamente cualquier persona es un potencial agresor y para las policías cualquier ser humano es un presunto culpable. Así tenemos casos como el de Dellonce Miles Pérez, Ramsés Villareal, Ciudad Juárez entre otros.

Con la tortura se controla a la población: a los 52 millones de pobres para que no se organicen y exijan sus derechos. Con la tortura se castiga a quienes se atreven a defender sus derechos como sucedió en 4 casos en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado sentencias en contra del Estado Mexicano, todos vinculados al Ejército y al estado de Guerrero y todos relacionados con tortura de una o de otra forma (Casos Rosendo Radilla, Valentina Rosendo, Inés Fernández y los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera). En estos casos, para los agraviados, las sentencias no han sido cumplidas satisfactoriamente.

La tortura también se usa frecuentemente como un primitivo “medio de investigación” y para obtener declaraciones autoinculpatorias o declaraciones que señalen a terceros como implicados en delitos graves. Y por desgracia, contra toda la normativa internacional, estas declaraciones arrancadas bajo tortura son aceptadas por jueces para dictar órdenes de aprehensión o de formal prisión y se les otorga valor probatorio en los procesos penales, bajo la figura de flagrancia equiparada. Así tenemos el caso de Alfonso Martín del Campo, los casos de Tlaxcala (Jorge Hernández Mora, Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño, Sergio Rodríguez Rosas, José María Cirilo Ramos Tenorio y Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra), entre otros.

Otra forma recurrente en la que se hace uso de la tortura, de manera selectiva, es aquella que aplica como método para intimidar a luchadores sociales, a defensores de derechos humanos. Así ha sucedido con Marcelino Coache en diferentes ocasiones desde el 2006, o el profesor Máximo Mojica desde el 2008. Sobre este tema, llaman particular atención las estrategias de agresión contra mujeres, constituyendo graves casos emblemáticos. Ejemplos hay muchos, pero destacan: las 33 mujeres asesinadas en Acteal (de las cuales 4 se encontraban embarazadas) y las mujeres agredidas sexualmente en Atenco, Oaxaca y Chiapas. La tortura sexual contra mujeres ha sido empleada de manera intencional, premeditada y organizada. Todos estos casos tienen como responsables altos mandos políticos y de militares.

A pesar de este panorama trágico, aún hay luces que nos dan esperanza, es por ello que en este día conmemoramos un Aniversario más de la Convención Contra la Tortura (CAT) y el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a Víctimas de la Tortura; México ratificó la Convención contra la Tortura en junio del año 1986, hace 26 años.

En esta ocasión las organizaciones que trabajamos contra la tortura, hemos acordado hacer visibles los esfuerzos por rehabilitar a los sobrevivientes de tortura de las secuelas psicológicas, médicas y sociales al tiempo que remarcamos que esta rehabilitación es un derecho reconocido y establecido en las convenciones internacionales contra la tortura y en el marco legal nacional de distintos países.

Nuestros invitados de este año, viene desde países que retornaron a la “democracia electoral” después de las dictaduras en América Latina de los años 70’s, 80’s y 90’s. Han creado grupos de trabajo con sobrevivientes de tortura, familiares de desaparecidos políticos, que aún desde los tiempos de las dictaduras, les ha permitido diseñar nuevas técnicas para la atención médico psicológica de las víctimas. Los esfuerzos de estos grupos han servido también para documentar la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial como parte de las políticas de estado para enfrentar a opositores políticos y para el control social. Estos esfuerzos clínicos ya sistematizados han llevado a observaciones y resultados muy importantes en la rehabilitación de los sobrevivientes de tortura y sus familiares, se conoce ahora el daño transgeneracional que han provocado la tortura y la impunidad.

La rehabilitación tiene otros alcances y metas como lograr espacios para la reparación del tejido social y no solo de las víctimas, sino de su familia y entorno que también son afectados por la tortura, a través de intervenciones psicológicas, médicas y de otras áreas de la salud y ciencias sociales.

En México la rehabilitación ha permitido a activistas, militantes y defensores de derechos humanos, resistir y mantenerse en lucha y en este día queremos hacer un reconocimiento fraterno a todos aquellos que nos han enseñado que el tránsito por el duro camino de la represión puede cobrar el sentido de seguir luchando.

“LA REHABILITACIÓN ES UN DERECHO DE LOS SOBREVIVIENTES DE TORTURA”


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28 de junio de 2012
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