Ké Huelga Radio

Después de un año de violaciones a la debida diligencia y a sus derechos humanos, debe resolver Poder Judicial libertad de Marco Antonio Suástegui

Jueves 18 de junio de 2015

Acapulco, Guerrero, México, 18 de junio de 2015.- A un año de la detención arbitraria del defensor comunitario Marco Antonio Suástegui Muño, Tlachinollan denuncia que los magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Acapulco, deben resolver las tres apelaciones pendientes contra los autos de formal prisión dictados contra Marco Antonio Suástegi por la imputación de delitos que no cometió sin mayor dilación sin fundamento.

Marco Antonio Suástegi, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP[1]), fue detenido de manera arbitraria hace un año el 17 de junio de 2014, en Acapulco, Guerrero. Después de una serie de violaciones al debido proceso y a la defensa adecuada, la Fiscalía General del Estado logró consolidar y consignar – en tiempo récord – cinco averiguaciones previas por los delitos de: ataques a las vías de comunicación, despojo, lesiones simples, lesiones agravadas y robo. Tres de esos expedientes se encuentran ante la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ).

Sin embargo, la Segunda Sala Penal del máximo Tribunal del estado ha dilatado las decisiones sobre los recursos de apelación sin fundamento alguno, retrasando el procesos; ejemplo de ello es que las audiencias de vista están programadas hasta agosto y septiembre.

Cabe recordar que el proceso penal iniciado contra Marco Antonio Suástegui, ha estado plagado de irregularidades, las cuales han sido evidenciadas en dos juicios de amparo interpuestos, donde la Justicia Federal ya ha protegido al defensor comunitario. . El amparo 1034/2014 contra el auto de formal prisión evidenció las violaciones al debido proceso, entre ellas que al momento de tomar la declaración de Marco Antonio en ningún momento se le permitió contar con un abogado de su confianza, no se le permitió comunicación con su familia, no se le permitió reconocer su autoadcripción a un pueblo indígena y además nunca se le informó de los delitos de que se le acusaban; además su derecho a un debido proceso también se vio agraviado cuando su declaración no fue recabada dentro del plazo, sino hasta seis días después.

Otras de las irregularidades en el proceso penal iniciado contra Marco Antonio, quedaron evidenciadas en el amparo contra traslado 649/2014, en el cual se demostró la ilegalidad del traslado de Marco Antonio al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 04 Noreste ubicado en Tepic, Nayarit, debido a que el traslado no fue justificado dentro del proceso jurídico por las autoridades estatales que así lo solicitaron; violándose así las garantías a la legalidad, su derecho a una defensa adecuada y a un trato igualitario ante la ley. A pesar de la decisión del Poder Judicial de la Federación, el Ejecutivo estatal demoró sin fundamento el traslado del integrante del CECOP a Guerrero, lo que evidenció – una vez más – el trasfondo de la criminalización en el proceso contra el defensor.

Un inconsistencia más es la carencia de pruebas existente en la causa penal, de modo que no se corrobora legalmente que Marco Antonio cometió los delitos que se le imputan.
Tales irregularidades han trascendido al resultado del auto de formal prisión dictado en su contra, en esta tesitura, tales violaciones procesales debilitan toda la causa penal por lo que amerita su libertad inmediata. Aunado a lo anterior Marco Antonio ha aportado un cumulo de pruebas que demuestran de manera contundente su inocencia.

No es posible soslayar el contexto de criminalización de personas defensoras en Guerrero y el uso político del Poder Judicial por parte del Ejecutivo para tal efecto, lo que hemos denunciado y documentado por décadas; por ello, a un año de la detención arbitraria de Marco Antonio, desde Tlachinollan instamos a los magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado a que a la brevedad valoren con imparcialidad las pruebas ofrecidas en los recursos de apelación contra los autos de formal prisión dictados contra Marco Antonio Suástegui, y resuelvan la libertad inmediata del defensor comunitario.

Tlachinollan continuará con la defensa de Marco Antonio Suástegui y no dejará de denunciar junto al CECOP, el carácter político de la persecución penal y la arbitrariedad de su encarcelamiento, apelando a la solidaridad de la sociedad civil u la comunidad internacional para seguir denunciando la inviabilidad legal, ambiental y social del Proyecto Hidroeléctrico La Parota y la legitimidad de la lucha de las y los integrantes del CECOP

[1] El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa la Parota ha encabezado por más de once año una lucha en contra de la imposición, por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otros actores estatales, de un proyecto hidroeléctrico legal, ambiental y socialmente inviable en las inmediaciones de Acapulco. Los campesinos y ejidatarios, acompañados por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” han recibido 5 decisiones favorables en contra de la construcción de la presa por parte de Tribunales Agrarios, reconociendo que son los comuneros, ejidatarios y avecindados unidos en el CECOP, quienes tienen la razón legal y la legitimidad social para decidir sobre el uso de sus tierras. Sin embargo, año con año, el gobierno federal aporta en su presupuesto federal, un monto para la CFE para la construcción de dicha presa.


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