Ké Huelga Radio

Contra el hostigamiento al GIEI

Domingo 17 de enero de 2016

Nos persiguen porque incomoda el trabajo del caso Iguala: Buitrago

Somos víctimas de un sicariato moral, señala la ex fiscal de hierro colombiana

Paz y Paz: en la medida en que nos acercamos a la verdad, hay quienes sienten temor

Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 17 de enero de 2016, p. 5

Para las ex fiscales Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Ayotzinapa, la campaña de desprestigio que actualmente padecen está relacionada con su trabajo y con los estamentos de poder del Estado aparentemente "intocables", afectados por la verdad sobre el paradero de los 43 normalistas.

"En la medida en que nosotros nos acercamos a la verdad, a lo que ocurrió realmente ese 26 y 27 de septiembre (de 2014) en Iguala, hay personas que pueden sentir temor junto a los perpetradores", advierte en entrevista con La Jornada la ex fiscal general de Guatemala Claudia Paz y Paz.

En entrevista por separado, Ángela Buitrago coincide: "Es una persecución que estamos viviendo y que se está dando en los momentos en que estamos incomodando posiciones o decisiones. Sin embargo, ni con difamaciones ni con injurias es la forma adecuada para tratar de esclarecer los hechos de Iguala".

Grupos simpatizantes del Ejército mexicano, la ultraderecha y sectores conservadores han iniciado una campaña en su contra. A Paz y paz la acusan vagamente de "violar los derechos humanos" en Guatemala, donde encarceló, entre otros, al ex dictador Efraín Ríos Montt. A Buitrago, de encarcelar "injustamente" al ex coronel Luis Alfonso Plazas Vega, recientemente liberado en un proceso amañado.

Ambas se han enfrentado a los estamentos militares de sus respectivos países en la búsqueda de justicia y la reparación a las víctimas, algo que, dicen, ha molestado a algunos grupos afines a los "perpetradores", al igual que en México, donde el general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aún se niega a recibir a los expertos de la CIDH bajo el argumento de que son "extranjeros", y rechaza que entrevisten a los militares involucrados en el caso Ayotzinapa.

La campaña negra, señalan, está dirigida al trabajo del grupo, pero tiene además un "componente de género". Los ataques están dirigidos directamente contra las dos mujeres del GIEI, contra las dos fiscales que han denunciado a militares y funcionarios corruptos en complicidad para cometer genocidio y graves crímenes tanto en Guatemala como en Colombia.

"Estamos viviendo un sicariato moral", dice Buitrago sin cortapisas. Añade: "pretenden acabar moralmente con Claudia Paz y conmigo, pero cuando uno tiene la conciencia tranquila y sabe que lo que están diciendo es completamente falso, no tiene ningún sentido".

–¿Esta campaña de difamación ha afectado el trabajo del GIEI?

–Es muy incómodo, es absolutamente insoportable que estemos recibiendo esta clase de injurias, pero nosotros hemos decidido continuar el trabajo de manera permanente, sin ningún obstáculo, a pesar de que nos lo quieran poner de esta manera. De todos modos eso siembra una aura mediática, pero tratamos de seguir nuestra labor con la misma fuerza, porque lo que nos interesa es buscar a los normalistas de Ayotzinapa y encontrar los medios probatorios para esos efectos”.

Falta el Ejército

Las últimas investigaciones del GIEI conducen al Ejército, un aspecto de la indagatoria que no ha sido desahogado por la Sedena, que se niega a aceptar la presencia de los expertos en los interrogatorios a los militares involucrados en el caso.

Claudia Paz y Paz explica que desde el principio intentaron entrevistar a los integrantes del Ejército, algo que se les ha negado de manera reiterada: “Desde el primer mes hemos solicitado una entrevista directa con los militares que estaban de servicio esa noche, porque en el expediente están todas sus declaraciones donde consta que habían presenciado la captura, la detención de los jóvenes que ahora están desaparecidos; en otro momento habían resguardado las escenas de los crímenes y habían visitado la comandancia de la policía.

"Para nosotros es fundamental obtener estas entrevistas, no sólo para la información, sino por la búsqueda de los estudiantes desaparecidos", añade.

La Procuraduría General de la República (PGR) entregó los interrogatorios por escrito, algo que no ha despejado las dudas de los expertos: "Quedaron aún muchas lagunas. Por una parte, no se consignan las preguntas y las respuestas; por la otra, hay contradicciones con las segundas declaraciones, que en lugar de esclarecer, son aún más ambiguas", señala la ex fiscal guatemalteca.

Su último intento ha sido solicitar al presidente Enrique Peña Nieto que "reconsiderara" la posibilidad de que se permita entrevistar a los militares: "Y todavía no tenemos respuesta. No me queda clara la razón. Hemos estado entrevistando en forma directa a los integrantes de la Policía Federal que estuvieron esos días en servicio. Hemos estado presentes cuando los ha entrevistado la PGR; estamos anuentes a que se hagan las preguntas por parte de la procuraduría, pero lo único que pedimos es estar presentes en ese momento, como lo hemos hecho en varias diligencias ministeriales".

A pesar de que el tiempo corre y terminarán su segundo periodo de investigaciones en abril próximo, la respuesta del Estado ha sido negativa, algo que evidentemente levanta las sospechas.

La PGR ha accedido solamente a realizar un tercer interrogatorio en este momento, pero repitiendo el mismo esquema, algo que no aporta datos precisos a las indagatorias sobre el paradero de los 43 normalistas: "Es importante para nosotros estar presentes, sugerir las preguntas, porque hay temas que no nos han quedado claros. Es la tercera vez que algunos de ellos declaran. Sería muy importante para ellos, y para todos, que la diligencia fuera lo más exhaustiva posible, para no dejar ningún espacio sin esclarecer".

Las injurias

Ángela Buitrago, conocida en Colombia como La fiscal de hierro por haberse enfrentado a los poderosos e intocables estamentos militares e investigar 20 años después crímenes de desaparición, tortura y ejecuciones extrajudiciales, con condenas históricas y ejemplares, ha sido atacada en México por grupos que simpatizan con el Ejército.

Entre los difamadores se encuentran el Observatorio Nacional de las Fuerzas Armadas, dirigido por Rafael Herrera Piedra; el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, encabezado por José A. Ortega Sánchez, y la Mesa de Juicio y Paz y Movimiento Blanco, coordinada por Ramón Hernández Flores.

La última acción de estos grupos ultraconservadores y pro militares fue organizar, el pasado 12 de enero en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, la conferencia titulada La verdad en la investigación de Ayotzinapa, a cargo precisamente del recién liberado coronel colombiano Luis Alfonso Plaza Vega, encarcelado por la ex fiscal Buitrago por desaparición forzada y condenado a 30 años de prisión, pero absuelto cinco años después en un proceso irregular.

La presencia del militar colombiano hablando de Ayotzinapa se inscribe dentro de esta campaña de difamación: "Es una forma de tratar de cuestionar las actividades que hace el grupo, que no tiene ninguna relación con mi actividad. Una cosa es lo que yo pude haber vivido frente a una persecución permanente y tergiversación a través de los ataques contra mí como funcionaria de instrucción en Colombia, y otra lo que está haciendo el GIEI en México, que tienen que deslindarse perfectamente", indicó Buitrago.

Citando al filósofo alemán Arthur Schopenhauer, la ex fiscal aclara que estas difamaciones no pueden atacar la labor impecable del grupo de expertos, pues deciden centrarla en ella: "El objetivo es atacar el trabajo del GIEI a través de cosas que ya están más que aclaradas en Colombia y demostradas que nunca sucedieron. Están generando esa guerra sucia porque resultamos incómodos en el momento en que estamos haciendo la investigación".

Entre las acusaciones de los grupos conservadores está el haber desechado "pruebas" de la UNAM y de la Universidad de Innsbruck sobre el caso Ayotzinapa.

"Yo no he descalificado a Innsbruck ni a la UNAM; al contrario, el último informe como grupo fue precisamente basarnos en las pruebas que señaló esta última para decir que no había elementos para considerar que hubiese sido el lugar de la incineración de cuerpos el basurerode Cocula. Precisamente utilizamos los documentos que reposan en la investigación para argumentar y sustentar todas las afirmaciones que hacemos".

–¿Hay un componente de género en esta guerra sucia contra las dos mujeres del GIEI?

–Sí, el ataque ha sido directo por razones de género, por el cargo que ocupamos y las investigaciones que realizamos, que tocan a ciertos sectores que son intocables en ciertas partes del mundo y por esa razón las sentencias contra los políticos están en firme, y otros funcionarios de Estado que se dictaron por corrupción están en firme. Es una persecución sin ninguna justificación válida, sino simplemente crear un ambiente, llevar una idea que permanezca en el imaginario colectivo y descalificarnos. Cuando no tienen argumentos serios para debatir y dialogar con el contrario, lo que optan es por atacarlo personalmente para acabar con su concepto ético y moral. Y también para derrumbar y causar obstrucción en las investigaciones.

–Atacan a dos mujeres fuertes, dos ex fiscales que se han enfrentado a estamentos intocables, como el Ejército, en sus respectivos países...

–Sí, por la discriminación que existe en algunas concepciones y en personas en particular sobre la mujer, algo que lleva a atacar a este sector para lograr mayor adherencia a esa clase de descalificaciones cuando se aprovecha la discriminación como elemento esencial. El fondo es tratar de deslegitimar el trabajo del grupo y al mismo GIEI. Cuando se utilizan falacias, mentiras, infamias e injurias, no es un buen futuro lo que nos espera”.

Las filtraciones del gobierno en el sentido de que los expertos amenazaron con irse, son aclaradas por Claudia Paz y Paz: "No nos vamos a ir; más bien, esperamos contar con las condiciones que hagan posible nuestro trabajo sobre Ayotzinapa".

http://www.jornada.unam.mx/2016/01/17/index.php?section=politica&article=005n1pol


Campaña difamatoria contra el GIEI

Miguel Concha

Para empezar a alcanzar justicia y verdad en el caso Ayotzinapa, el aporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en el contexto de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es fundamental. Desde la publicación de su informe en septiembre del año pasado, el GIEI ha evidenciado las falencias de la llamada "verdad histórica" sobre el paradero de los estudiantes. Ha también reivindicado la centralidad de las víctimas, y puesto sobre la mesa nuevas líneas de investigación, que deben agotarse durante su segundo mandato. Para lo que requiere el más absoluto respaldo del Estado mexicano. Pero en un país donde la mentira y la estigmatización de las víctimas son cotidianas, el GIEI no sólo no ha recibido el respaldo decidido que requiere para concluir su importante labor, como comprueba la renuencia a que sus integrantes entrevisten a militares testigos, sino que incluso ha despertado el encono de quienes se oponen al pleno esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

Hoy sin duda podemos afirmar que en contra del GIEI se ha desatado una abierta campaña difamatoria, que busca mermar la legitimidad y el reconocimiento que en México y a escala internacional ha alcanzado su trabajo comprometido con la verdad. En efecto, la sincronía de los mensajes, el despliegue de recursos, la apertura de espacios inusuales en ciertos medios, las filtraciones gubernamentales, y sobre todo el permisivo silencio oficial, son factores que vistos en conjunto apuntan a que se ha puesto en marcha esta dolosa campaña.

El golpeteo se inició con una serie de descalificaciones infundadas en contra de Ángela María Buitrago y Claudia Paz y Paz, las dos valientes fiscales que integran el GIEI. Sin fundamentos, ambas fueron objeto de señalamientos mediáticos, en los cuales, para poner en cuestión su credibilidad, se difundió información falsa, presentándolas como personas afines a grupos radicales durante sus ejercicios públicos. Posteriormente se filtró desde el gobierno federal a la prensa nacional el contenido de una importante reunión entre los expertos y la comisión tripartita a cargo de la interlocución con el GIEI, formada por el subprocurador Eber Betanzos, el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, y el subsecretario de Asuntos Multilaterales, Miguel Ruiz Cabañas.

Finalmente, apenas el pasado martes, con el despliegue de recursos inherente a la movilización de una delegación internacional, en una universidad privada se organizó una conferencia de prensa, donde un militar colombiano, quien fue imputado por la presunta comisión de graves violaciones a derechos humanos, denostó a la fiscal Buitrago. Pese a que la seriedad de la información difundida es muy menor, la conferencia de prensa recibió amplia cobertura en algunos medios de comunicación, llamativamente los mismos que regatean espacios a la permanente demanda de justicia de los padres y madres de los normalistas.

El intento de desprestigiar al GIEI es alarmante y debe denunciarse, aunque también es a todas luces infructuoso, pues el reconocimiento de que gozan ambas fiscales en sus países y en el extranjero es irreversible. Como ha recordado en estas mismas páginas Luis Hernández Navarro ( La Jornada, 12/1/16), la abogada Buitrago es conocida en Colombia como la Fiscal de Hierro, por la firmeza con la que condujo exhaustivas investigaciones que evidenciaron los vínculos entre el narcotráfico y el poder político en Colombia. Por este compromiso indeclinable con el estado de derecho, fue a la postre interrumpida su carrera.

En el caso de la jurista Paz y Paz, se trata de la primera fiscal general de Guatemala, quien tuvo la fuerza y la visión necesarias para renovar esa institución, hasta el punto de formar a la generación de fiscales que pusieron en el banquillo de los acusados a un ex presidente. La pertinente inclusión de estos perfiles en el GIEI es indiscutible, si consideramos que ningún funcionario o funcionaria de las procuradurías del nuestro reúne semejantes credenciales: ¿Qué agente del Ministerio Público es hoy nuestro "fiscal de hierro" por haber desafiado con la fuerza de la ley a los poderes formales y fácticos?

Lamentablemente esa generación de funcionarios no ha surgido aún en México, y mientras eso no se revierta, ejercicios como el del GIEI seguirán siendo justificados y necesarios. Pero más allá de estas consideraciones, el ataque contra este grupo es infructuoso también por el carácter absurdo de las acusaciones lanzadas contra sus integrantes. De acuerdo con el registro periodístico, en la reciente conferencia de prensa el militar colombiano, quien vino a México exclusivamente para denostar a la Fiscal de Hierro, afirmó que la actuación del GIEI debía encuadrarse en el marco de "la guerra que se está librando en este momento en Latinoamérica" (sic); una batalla que, según dijo, "no es una guerra de carácter político interna, es una confrontación entre dos sistemas. Entre el sistema democrático y el sistema comunista que quiere ser implantado a la brava, eliminando a los ejércitos latinoamericanos" (sic).

En un entorno pluralista caben sin duda todas las visiones sobre el papel del GIEI, sean positivas o negativas. Pero de ahí a señalar que su labor es parte de una conflagración internacional para eliminar a las fuerzas armadas e implantar el comunismo, hay sin duda un largo tramo. El mismo que separa a los análisis sensatos y serios de los señalamientos absurdos que sólo buscan difamar y confundir a la opinión pública. De cualquier modo, la creciente y coordinada campaña contra el GIEI debe alertarnos. Con su informe y su trabajo en favor de la verdad, el GIEI afecta poderosos intereses, cuyos personeros no permanecerán pasivos.

Hoy más que nunca el GIEI y las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa requieren un frente común en su apoyo. En este sentido, lo que más alarma es la pasividad con que el gobierno permite los embates contra los expertos, siendo el GIEI un mecanismo de supervisión internacional pedido y aceptado por el propio Estado. Su permisivo silencio ante estos infundados embates no permite descartar que sectores oficiales estén detrás de la campaña que se ha desatado. Frente a este escenario, es indispensable confluir en la defensa del GIEI, como garantía internacional del derecho a la verdad de toda la sociedad.

http://www.jornada.unam.mx/2016/01/16/politica/015a1pol


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