Ké Huelga Radio

Acerca del Grupo interdisciplinario de expertos independientes en materia de derechos humanos designado por la CIDH

Sábado 24 de enero de 2015

Ayotzinapa, Gro. 23 de enero de 2015, Tras los lamentables sucesos en que fueron desaparecidos en Iguala, Gro. 43 estudiante de la normal rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, los pasados días 26 y 27 de septiembre de 2014, el Gobierno Federal se ha comprometido en múltiples ocasiones a llegar al fondo de la verdad sobre lo sucedido en aquellos trágicos acontecimientos que mantienen a estudiantes y padres de la normal de Ayotzinapa en pie de lucha, exigiendo respuestas al gobierno y la aparición con vida de los normalistas.

Haciendo un breve recuento sobre lo sucedido en esta búsqueda de verdad, el 29 de octubre de 2014 las familias de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, se reunieron con el Presidente Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos para obtener el compromiso del Estado mexicano de profundizar la búsqueda en vida de los estudiantes normalistas desaparecidos de manera forzada desde el 26 de septiembre de 2014. Reunión frutos de la cuál se dieron los siguientes acuerdos: ACUERDOS FIRMADOS CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

El 18 de noviembre de 2014, la CIDH oficializó un acuerdo de asistencia técnica con el Estado de México y los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, mediante el cual la CIDH designará a un Grupo Interdisciplinario de cooperación técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Azotzinapa, Iguala; así como las investigaciones y acciones que se adopten a fin de sancionar a los responsables, y la asistencia a los familiares. El objetivo esencial del acuerdo es resolver los problemas estructurales subyacentes a las desapariciones forzadas en México, que no se limitan a los estudiantes de Iguala. Ante esto la CIDH informó: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmó hoy un adendum en Ciudad de México que oficializa la firma la semana pasada de un documento de expresión de voluntades con el Estado de México y los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. De esta manera, quedó oficializado y en vigencia a partir de hoy el acuerdo mediante el cual la CIDH designará a un Grupo Interdisciplinario de cooperación técnica para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, las investigaciones y acciones que se adopten a fin de sancionar a los responsables, y la asistencia a los familiares”. El Relator de la CIDH para México, Comisionado James Cavallaro señaló que “es esencial avanzar en las investigaciones de este caso de Ayotzinapa, y nuestra cooperación técnica estará orientada a determinar el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos, sancionar a todos los responsables, materiales e intelectuales, y asistir a los familiares de las víctimas de manera integral. Pero nuestra intención es también que el acuerdo que hemos oficializado hoy nos ayude a resolver las causas estructurales de las desapariciones forzadas para ponerles fin, de una vez y para siempre”.

El día viernes 16 de enero del presente año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer la lista de nombres de las personas que integrarán el grupo interdisciplinario de expertos independientes en materia de derechos humanos establecido conforme al Acuerdo de Asistencia Técnica suscrito por representantes del Estado Mexicano con los beneficiarios de las medidas cautelares para el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, el 12 de noviembre de 2014.

En el acuerdo se estableció que sería la CIDH, en consulta con el Estado y los beneficiarios de las medidas cautelares, la encargada de definir la integración del grupo de expertos, que contará con un equipo técnico de confianza para el desempeño de sus funciones, a fin de realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los 43 estudiantes.

Conforme a los criterios establecidos, la CIDH determinó que el grupo estará conformado por las siguientes personas:

Francisco Cox (Chile), abogado en derecho constitucional

Claudia Paz y Paz (Guatemala), abogada especializada en derecho penal y derechos humanos

Ángela Buitrago (Colombia), abogada especializada en derecho penal y ciencias criminológicas

Carlos Beristáin (España), médico y especialista en educación para la salud

Alejandro Valencia Villa (Colombia), abogado especializado en la promoción y defensa derechos humanos y derecho internacional humanitario

A la luz del acuerdo de asistencia técnica, el grupo tendrá las siguientes atribuciones: elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y, análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos, a fin de asegurar que se brinde la atención y reparación integral necesaria.

En cada una de las tres áreas de acción del grupo, éste podrá formular recomendaciones técnicas relevantes. Además, a través del acuerdo, el Estado reiteró su disposición a que, a partir de las recomendaciones, puedan fortalecerse las capacidades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas así como las de investigación de casos de desaparición forzada.

El mandato del grupo interdisciplinario de expertos será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo.

Conforme al acuerdo, el Estado mexicano se comprometió a financiar por completo las actividades del grupo. Para ello, depósito un millón de dólares, que será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, a partir de un acuerdo para dicho efecto.

El pasado día 13 en una reunión a la que asistieron el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el subsecretario de Gobierno, Luis Miranda Nava, y Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), los funcionarios buscaron a toda costa convencer a los padres de su versión de la historia, fue un volver a restregar a los padres algo que no aceptan, las versiones de criminales que la autoridad da por buenas aunque no están apoyadas en otras ninguna pruebas. Los funcionarios federales centraron sus esfuerzos en convencer a los padres de que si no les habían presentado algunos datos o testimonios fue porque “sus abogados pidieron que no se los mostráramos porque eran muy fuertes. Como ha recordado el abogado Vidulfo Rosales, un acuerdo con el gobierno fue que los padres siempre serían informados primero de cualquier asunto relevante relacionado con la investigación. Sin embargo, el 20 de enero, la Procuraduría General de la República dio a conocer que los expertos de la Universidad de Innsbruck informaron que no habían podido establecer los perfiles genéticos de los restos que les enviaron.

Ante esto Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña, considera de vital importancia no perder de vista las versiones oficiales que se han dado a conocer por parte del equipo de peritos Argentinos de Antropología Forense, así como toda aquella información oficial que provenga del grupo interdisciplinario de expertos independientes en materia de derechos humanos establecido conforme al Acuerdo de Asistencia Técnica suscrito por representantes del Estado Mexicano con los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.


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