¿México en paz? Seguridad y derechos humanos

Editorial

Desde el inicio de la “guerra contra el crimen organizado”, emprendida durante la administración de Felipe Calderón al principio de su presidencia en 2006, México ha vivido un contexto de violencia e inseguridad extrema que ha afectado gravemente al panorama de derechos humanos en el país.

Las políticas de seguridad pública implementadas desde entonces se han enfocado en combatir el crimen organizado a través de una estrategia de militarización que resultó en un fuerte aumento de violaciones de derechos humanos. Los factores que permitieron el auge del crimen organizado, tales como la impunidad, la corrupción, y las profundas desigualdades socio-económicas que persisten en México, no se han priorizado tanto como el combate militarizado al crimen organizado.

Empezando su administración a finales de 2012, Enrique Peña Nieto anunció una nueva estrategia de seguridad, presentada bajo el lema “México en Paz”, como uno de los ejes centrales del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, documento rector del Ejecutivo Federal. Desde entonces, el Gobierno ha emprendido reformas y acciones para enfrentar la violencia. En paralelo, PBI ha observado una disminución de reportes en la prensa nacional e internacional sobre la inseguridad en México. A pesar de los
cambios positivos en el imagen de México, las organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación sobre la persistencia de la violencia y destacan la necesidad de informar a los actores claves de la comunidad internacional y nacional sobre los efectos continuos de las políticas de seguridad pública en los derechos humanos y en las personas que los defienden.

Para responder a esta petición de la sociedad civil, PBI busca visibilizar las consecuencias del contexto de seguridad en México para la defensa de los derechos humanos en el país. ¿México en paz? Seguridad y derechos humanos aborda el tema de la seguridad pública desde la perspectiva de las personas defensoras de derechos humanos que sufren las consecuencias de este contexto, ya que afecta su situación de seguridad, su relación con el Estado mexicano y la percepción de su estatus como defensores. Las personas defensoras se han organizado para reaccionar a este contexto: acompañan a las víctimas, forman redes y proponen soluciones que respondan a las necesidades particulares de los grupos más vulnerables. Exigen justicia, un nuevo paradigma de seguridad humana, un modelo nuevo de combate al crimen organizado, el fin de la corrupción, y un enfoque de derechos humanos en las políticas de seguridad pública.

A pesar del discurso oficial, PBI no ha observado un México en Paz durante los primeros dos años de gobierno de Peña Nieto, sino que constata con preocupación la continuidad de las problemáticas relacionadas con las políticas de seguridad pública y sus efectos sobre el respeto de los derechos humanos en el país. Muestra de esto son los recientes hechos de Tlatlaya, Estado de México, donde elementos del Ejército presuntamente ejecutaron a 22 personas (1), e Iguala, Guerrero, donde se investiga actualmente a elementos de la policía municipal por el homicidio de 6 personas y su presunto involucramiento en la desaparición de 43 estudiantes (2).

Más allá del análisis constante del contexto y el intercambio continuo con las organizaciones de derechos humanos que emprende PBI en su trabajo, la presente publicación se basa en entrevistas realizadas por PBI con personas defensoras de derechos humanos que realizan su labor en este contexto. PBI agradece a todas las personas que han contribuido en la elaboración de este documento. Es importante señalar que PBI solicitó entrevistas, que no fueron concedidas, tanto a representantes del gobierno mexicano como al cuerpo diplomático, por lo que se ha incorporado el estudio de informes y comunicados del gobierno mexicano para complementar el análisis.


1. OHCHR: “Mexico/Tlatlaya case: UN expert urges full investigation of possible summary executions after initial arrests” 29/09/2014

2. Organizaciones de derechos humanos reportaron acción conjunta entre policías municipales y actores del crimen organizado. Ver comunicado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan del 7/10/2014: http://bit.ly/1EXi7LA

Anexamos el documento completo en formato PDF