Parecería increíble que en una entidad donde el Gobernador se jacta del Programa Guerrero Seguro, la violencia ha llegado a niveles extraordinarios, que se sigan violando los derechos humanos de miles de personas, que cientos de ciudadanos comunes e inocentes sigan cayendo víctimas de delitos de lesa humanidad, que la criminalización de la protesta social afecte la integridad de luchadores sociales y defensores de derechos humanos, mientras la mal llamada delincuencia organizada, las organizaciones radicales del narco y paramilitares, mantienen el control político y económico de la entidad con la aquiescencia y colusión de las autoridades.