Ké Huelga Radio

[CNI/CIG] Se exige presentación con vida de los compañeros de Azqueltán, desparecidos a manos de grupo armado en Jalisco

Viernes 20 de abril de 2018

El día de ayer, 19 de abril, el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno alertaban de la desaparición de dos de sus compañeros de Azqueltán y San Lorenzo Azqueltán, el concejal Catarino Aguilar Márquez y Noé Aguilar Rojas, comunero y hermano del Concejal Gabriel Aguilar Rojas. Tal y como se señala en la denuncia, a las 13.00 horas personas no conocidas y que estaban armadas subían a los dos compañeros a una camioneta marca Toyota Hilux de color gris; esto sucedía a la altura de Temastián, en el estado de Jalisco y se sospecha que con rumbo a San Martín de Bolaños, del mismo estado.

Igualmente, en la tarde de ayer y en el marco de la cuarta sesión del Conversatorio “Miradas, escuchas, palabras: ¿prohibido pensar?, Ma. De Jesús Patricio Martínez, como vocera del CIG, pedía la aparición con vida de Catarino, representante agrario de la comunidad, y de Noé, indicando que la comunidad responsabiliza al gobierno municipal de Villaguerrero y al gobierno estatal de Jalisco de su integridad.

Cabe recordar que en diciembre del año pasado, San Lorenzo Azqueltán también denunciaba la agresión armada en contra de los hermanos Noé y Gabriel Aguilar Rojas por parte de personas “ajenas a la comunidad” y se exigía a la autoridad municipal que dejara de promocionar proyectos que instaban a la invasión de tierras y a la agresión a comuneros. Recientemente, la cosa se habría ido agravando con amenazas de muerte y amedrentamiento por parte de la delincuencia organizada vinculada a su vez a grupos de poder local y por la presencia de carteles como el de Jalisco Nueva Generación y el del Golfo.

San Lorenzo de Azqueltán está habitada por tepehuanos o tepecanos, sus fundadores, y el pueblo Wixárika. Forma parte del Congreso Nacional Indígena y su lucha agraria es por el reconocimiento legal de sus bienes comunales en base a título virreinal datado en 1777 y autentificado por las autoridades agrarias en 1954. La titulación quedó en suspenso largo rato negándose en el año de 2007 al conceder por la vía de dotación de ejido una parte del territorio a un pequeño grupo de “supuestos ejidatarios.”

Los comuneros han venido denunciando esta situación de continuo despojo territorial y de usurpación del mismo nombre de la comunidad manifestando que “ricos líderes”, “terratenientes”, “mestizos” o “ganaderos” han aprovechado para vender y/o rentar la tierra.

Conformaron un gobierno agrario y se han interpuesto varias demandas -tanto para reconocimiento como para la restitución de tierras- y exigido la salida de los “invasores” de la tierra comunal y el cese de proyectos con los que se estaría privatizando el territorio con fines mercantiles y de explotación de sus bienes naturales dado que también se otorgaron permisos para planes de aprovechamiento forestal y ganadero.


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