Ecuador: Explotación petrolera de Parque Nacional en medio de protestas

“Explotar petróleo para eliminar la pobreza”. Con este razonamiento anuncio el gobierno ecuatoriano que ha puesto fin, mediante decreto ejecutivo, los fideicomisos creados en el año 2009 que buscaba recaudar fondos a nivel internacional por un monto de 3.600 millones de dólares para evitar la explotación petrolera en la zona del Parque Nacional Yasuni, declarado Reserva Nacional de Biosfera por la Unesco.

Yasuni ITT, como fue nombrada la iniciativa para dejar el petróleo bajo tierra, hace referencia a las zonas a ser explotadas: Ishpingo, Tambococha y Tiputini, que se localizan en las provincias amazónicas de Pastaza y Orellana, en cuyos suelos estarían alrededor de 920 millones de barriles de petróleo.

Con este anuncio, y aunque el gobierno ha prometido explotar solo el 1% del Yasuni, que supondría cerca de 18 mil millones de dólares, se ponen en riesgo más de mil hectáreas de bosque virgen, especies animales y vegetales únicas, la supervivencia de varias comunidades indígenas en aislamiento que habitan la zona y poblaciones colonas aledañas pues la alteración de este ecosistema clave impacta en las actividades productivas, culturales y de vida de los habitantes de la región.

Por otra parte, la decisión plantea una serie de contradicciones que violarían artículos de la constitución reformada con este gobierno en el 2007. Entre ellos, el artículo 71 que elevó a derecho constitucional los derechos de la naturaleza: “La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia… El estado incentivara, a las personas naturales y jurídicas, para que protejan la naturaleza y promoverá su respeto”; el artículo 57 que protege a las comunidades pueblos y nacionalidades; y el artículo 61, que plantea el derecho de todos los ciudadanos a participar en las decisiones de interés público. Un poco de historia

El Ecuador desde su constitución como república es exportadora de productos primarios. En 1972, en el contexto de la dictadura militar, se embarca en la aventura petrolera. Al día de hoy el balance es negativo. Según cifras, fueron derramados desde 1972 hasta la fecha 725.655 millones de barriles, producto de roturas en los oleoductos; se causaron fuertes daños ambientales producto de la negligencia de las empresas para ampliar sus ganancias: caso Chevron-Texaco; enfermedades mortíferas como cáncer y leucemia; un 44% de pobreza, mas agravada en las zonas de explotación petrolera y una estructura económica donde le 60% de la población nacional trabaja en condiciones de subempleo.

40 años en el negocio del “oro negro” han sido documentados en varios trabajos a lo largo de estas décadas que hacen referencia al “festín” realizado alrededor de las ganancias del petróleo. Movilizaciones en repudio a la medida

En medio de protestas en las afueras del Palacio de Carondelet en Quito, el presidente Correa informó que enviará a la Asamblea Nacional el pedido de declaratoria de interés nacional el aprovechamiento de petróleo del Yasuni, apelando al artículo 407 de la constitución que habilita, en casos excepcionales, la actividad extractiva en zonas protegidas. La estatal Petroamazonas será la encargada de iniciar los trabajos en las próximas semanas, inicialmente sobre el campo Tiputini el cual, señalan, no se encontraría dentro del Parque Nacional por lo cual sortear la necesidad de la declaratoria de la Asamblea.

Sin embargo, Carlos Pérez, dirigente indígena, ha planteado que se llame a una consulta pre legislativa para que “sea el pueblo quien decida en futuro del Yasuni”. Las consultas pre legislativas están garantizadas en la carta magna y señalan que los ciudadanos tienen que ser consultados antes de tomar decisiones sobre temas que les afecten. Sin embargo, para el Gobierno estas consultas tienen el carácter únicamente consultivo, no vinculante.

El gobierno ha recibido fuertes críticas de varios sectores sociales y este ha sido uno de los temas nodales que articulan la conflictividad social en el período actual. Frente a la noticia las reacciones no se hicieron esperar. Ya se anunciaron movilizaciones para este próximo 27 de agosto pese a que en anteriores convocatorias a defender los recursos naturales, en el contexto de gobierno de la Revolución Ciudadana (partido de gobierno), las protestas han dejado ya de saldo un muerto, el profesor Bosco Wisuma, en el año 2009, en una protesta por la aprobación de la Ley de Aguas que fue duramente reprimida por el ejército nacional, y los anuncios de sentencia a 12 años de prisión por sabotaje y terrorismo a dos dirigentes indígenas que participaron en ella, entre otros casos.

Por otro lado, los sectores de derecha no han dado declaraciones. Varios analistas concuerdan en que existen coincidencias entre los intereses de este sector y las políticas que viene tomando el gobierno. Esto quedo evidenciado en junio de este año cuando la Asamblea de mayoría oficialista aprobó reformar 32 artículos de la Ley de Minería, que incluyó cambios que fueron demandados por las empresas extranjeras respecto a impuestos por ingresos extraordinarios, con el objetivo de atraer inversión extranjera y, en lo inmediato, destrabar las negociaciones con la canadiense Kinross para la explotación de Fruta del Norte, el mayor depósito de oro y plata del país.

Correa señalo que “es una grosera mentira, engaño al que caen muchos jóvenes. ¿Yasuní o petróleo? Es un falso dilema”. Planteó que la decisión tomada es pensando en las próximas generaciones, en “el futuro de nuestra patria” pues “para superar la pobreza y la miseria necesitamos de nuestros recursos naturales”, concluyó.

ANRed