A un año de la masacre de Tlatlaya, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presenta ante la opinión pública este recuento sobre los grandes pendientes en materia de justicia, verdad y reparaciones respecto del caso Tlatlaya, emblemático del incremento en las violaciones a derechos humanos que ha causado el papel de las Fuerzas Armadas en la política de seguridad del Estado mexicano.
Los familiares de Julio César Mondragón Fontes hemos tenido conocimiento de los dictámenes periciales realizados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, esto luego de vencer los obstáculos para acceder al expediente del caso. Fue evidente para nosotros que los trabajos realizados durante las diligencias de levantamiento de cadáver y necropsia de ley fueron parciales y omitieron señalar, estudiar evidencia y datos que se tenían a la vista. Los peritos ocultaron información y apresuraron conclusiones, esto atenta contra los principios que rigen la labor de las instituciones que procuran justicia, principios como honestidad y apego a la verdad, profesionalismo, imparcialidad y legalidad. Resultado de esta ineficacia y falta de autonomía es la necesidad de realizar exámenes forenses post mortem, con la conducente revictimización de una familia golpeada por la represión de Estado.
