Represión contra defensorxs del territorio en Cuetzalan
En 2017 la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación penal por el delito de oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo públicos en contra de 7 personas defensoras de derechos humanos, integrantes de la Unión de Cooperativas Tosepan “TosepanTitataniske”, del Comité de Ordenamiento Ecológico Territorial Integral (COTIC) y del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP).
La denuncia presentada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se basa en la instalación de un campamento de protesta pacífica en contra de la construcción de una línea de alta y una subestación eléctrica.
Hoy la defensa del territorio en Cuetzalan, Puebla, no tan sólo pone en riesgo su libertad, sino que ya podría haber cobrado la vida de un defensor medioambiental, que enfrentaba la misma investigación.
Defensores y defensoras del territorio:
El delito que se les finca es por oposición de obra pública, por parte de la CFE quien mantiene su obstinación en la construcción de dicha obra, a pesar de poner riesgo la zonas de aprovechamiento, protección y conservación ecológica por la que pretende pasar las torres eléctricas.
La Asamblea de Pueblos Maseual Tutunaku y Mestizo, integrada por los pueblos, comunidades y rancherías indígenas de la región, determinó instalar un campamento para impedir que se continuaran las obras hasta que se agotaran las instancias de diálogo con la paraestatal.
La respuesta de la CFE y el gobierno y grupos interesados en la obra, fue desplegar una campaña de difamación contra las organizaciones denunciantes, además del aumento del hostigamiento contra los defensores y defensoras de la tierra y el territorio - Maseualsiuamej mosenyolchikauanij.
La asamblea mantiene su resistencia contra dichas obras que pretenden satisfacer los proyectos de megainfraestructura energética y con ello la demanda de proyectos mineros de la región antes que atender las necesidades de las comunidades.
Entre las denuncias por hostigamiento se encuentra el asesinato de Manuel Gaspar Rodríguez, uno de los siete defensorxs demandados ante la PGR fue asesinado en 14 de mayo, después de su trabajo en las asambeas en la región para hablar del derecho al agua y a la tierra en la región de Cuetzalan.
La Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, así como el convenio 169 de la OIT, suscritos por el gobierno mexicano, establecen que las obras que pretendan construir por territorios indígenas deben ser consultadas para su realización. En este caso ni la CFE ni el gobierno local ha cumplido dicho procedimiento, por ello se denuncia la labor de criminalización contra la protesta.
Por ello la Asamblea de Pueblos Maseual Tutunaku y Mestizo exige el respeto a sus formas comunitarias de decisión, la exigencia de consulta libre e infromada así como el cese al hostigamiento contra las defensoras y defensores del territorio.
Ver en línea : Video AI: Defensores y defensoras en Cuetzalan