Estado de México: crónica del mitin por la libertad de las y los presos políticos de Tlanixco.

El pasado jueves 31 de enero se llevó a cabo el Mitin por la libertad de los presos nahuas de Tlanixco, en el Centro de Prevencion y Readaptacion Social de Santiaguito, Almoloya de Juárez, convocado por el Movimiento por la Libertad de l@s Defensores del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanixco; y apoyado por distintas organizaciones y colectivos a nivel nacional e internacional quienes firmaron una petición exigiendo el alto a las injusticias cometidas en contra los compañeros presos políticos.
Esta medida surgió en respuesta a la necesidad de manifestar la desaprobación social por las decisiones e irregularidades que se han dado durante el proceso de los seis compañeros presos, especialmente en los últimos días, y que aún hoy les impiden disfrutar de su libertad; así como en apoyo a la exigencia de libertad del compañero yaqui Fidencio Aldama, de Loma de Bacum, Sonora.
En este momento, los defensores del agua e indígenas nahuas Dominga González Martínez, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Mireles, Teófilo Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González, quienes desde hace más de 10 años se encuentran presos, enfrentan un nuevo obstáculo en el proceso por el reconocimiento de su inocencia. En los últimos días, las autoridades responsables de llevar su caso han tomado la decisión de volver a comenzar todo el proceso jurídico tras reconocer que el mismo ha sufrido de irregularidades y errores por su parte. Sin embargo, ¿qué culpa tienen los compañeros de la incompetencia y corrupción de la que hacen despliegue los representantes legales por parte del Estado de México?

ANTECEDENTES
En el 2000, la comunidad de San Pedro Tlanixco recibió la concesión de 4 manantiales que se alimentaban del Río Grande para uso doméstico; sin embargo, esta medida no le agradó a las empresas floricultoras de Villa Guerrero, quienes carecían de una concesión sobre los recursos del río y lo requerían para su uso comercial. Así en 2001, apoyado por la Comisión Nacional del Agua, se comenzó un proceso de nulidad de la concesión de la comunidad. Durante este proceso, la comunidad sufrió de hostigamiento y amenazas ante las cuales se organizaron y buscaron medios para frenar el abuso. Sin embargo, en el año 2003, las autoridades vieron finalmente la forma de frenar la organización a partir de la muerte de uno de los representantes de los empresarios florícolas de Villa Guerrero, Alejandro Isaac Baso.
La muerte de Isaac Baso se dio bajo circunstancias poco comunes, pues el representante hizo una incursión que no fue reportada, en estado de ebriedad y su desaparición no fue siquiera percibida por sus acompañantes. La investigación ha mostrado que la muerte se dio debido a que Isaac Baso, al estar bajo los efectos del alcohol, resbaló y cayó por un despeñadero. Pero el lamentable deceso fue aprovechado por las autoridades para desestabilizar el movimiento por la defensa de la concesión del agua e inculpar a ocho compañeros; seis de los cuales a pesar de las distintas pruebas y testigos que demuestran que no se encontraban en la escena de los hechos, hoy en día siguen presos bajo el cargo de asesinato, incluso con premeditación.
Probablemente el caso que demuestra de manera más puntual las irregularidades e invalidez de esta acusación sea el de la compañera Dominga González Martínez, a quien no se le relacionó con los hechos ocurridos en 2003 sino hasta 2007, año en que fue detenida bajo el mismo cargo de asesinato de Isaac Baso.
Actualmente, se sabe que distintas incongruencias que han ocurrido en este caso, todas en detrimento de los compañeros. Algunas de ellas han sido, por ejemplo: la falta de un proceso cabal de las líneas de investigación presentadas por la defensa, el descarte de las pruebas de descargo sin un análisis previo, el señalamiento de la participación de la compañera Dominga muchos años después de haberse iniciado el proceso de los primeros 5 compañeros, y la aceptación de testimonios contradictorios y que carecen de pruebas que los sostengan por parte de los denunciantes.
Es una vergüenza que instancias internacionales declaren que todo este proceso ha incurrido en distintas faltas a los derechos humanos; pero más aún, que las mismas instancias se pronuncien a favor de la libertad de los compañeros presos y nuestras autoridades nacionales, lejos de atender a las pruebas presentadas, prolonguen los procesos y les nieguen su justa libertad. Es una vergüenza que durante la primera investigación por parte de las autoridades se tengan documentos oficiales que denominan al pueblo de San Pedro Tlanixco y a sus habitantes como: “pueblo terrorista”; cuando estos simplemente han hecho uso de los recursos en su territorio, que además por ley les corresponden. Finalmente, es una vergüenza que incluso ante todas las pruebas presentadas a favor de la inocencia de los compañeros, nuestro sistema judicial pueda dictar, tras la simulación de un proceso, por demás irrisorio, una sentencia de 50 años de manera impune.

EL PUEBLO ORIGINARIO
San Pedro Tlanixco ha formado parte del Congreso Nacional Indígena desde el 2001, siendo reconocidos su cultura, historia y valor como pueblo originario. En el 2013, durante la Catedra Juan Chávez Alonso, se le asignó Espejo 18, reconociendo su lucha abajo y a la izquierda en contra de la represión y atropello a su comunidad.
Debido a la serie de injusticias cometidas en 2003, su participación activa se vio afectada, así como el resto de sus actividades; sin embargo en 2015 los habitantes vieron reflejadas en las comunidades hermanas del CNI de forma grave la necesidad de cohesión y apoyo para enfrentar los distintos actos de represión y exterminio a las que se ven sometidos todos los pueblos originarios de América. Por todo lo anterior el pueblo de San Pedro Tlanixco refrendo su compromiso con el CNI y los pueblos que lo componen en un esfuerzo por el cese a las injusticias cometidas a lo largo territorio nacional.

EL PROCESO DE REPRESIÓN Y ORGANIZACIÓN
Los habitantes del pueblo de San Pedro Tlanixco comenzaron su lucha por la defensa de sus recursos y territorio desde el año 1989. Entre sus logros se encuentra la concesión que se había expedido para el uso doméstico de 4 manatiales que se alimentan de Rio Grande. A pesar de esto, en el 2001, a sólo un año de haber logrado esta concesión, los habitantes se vieron obligados a organizarse para frenar su nulidad.
En el año 2003 ante la presión por parte de las empresas floricultoras de Villa Guerrero, y ante las sospechas de la contaminación y envenenamiento de los causes del rio, los habitantes accedieron a una reunión con las 11 personas que formaban parte de una incursión no autorizada de Villa Guerrero. Esto sucedió debido a que distintos habitantes de San Pedro Tlanixco notificaron de la presencia de las personas y el pueblo convocó a una reunión en la delegación de la comunidad a la que asistieron dichos representantes de las empresas floricultoras. Es al término de este trayecto que se hace patente la ausencia de Isaac Baso; y es en este punto que la organización de la comunidad sufre un fuerte golpe y se ve obligada a modificar sus prioridades.
El 2 de abril del 2003, a sólo un día de los hechos, San Pedro Tlanixco fue amedrentado a través de un fuerte operativo judicial, en el que, de forma ilegal, se detuvieron a los compañeros que formaban la comisión del agua y a un integrante del comisariado ejidal. Todo esto se realizó en ausencia de órdenes de aprehensión. Dichas órdenes se expidieron más de dos meses después en contra de 8 compañeros, 6 de los cuales desde hace años no gozan de su derecho a la libertad.
A partir de entonces, la organización de la comunidad decide que su prioridad es buscar la liberación de sus compañeros, a pesar de que esto implica restar esfuerzos a la lucha por su legítimo derecho al uso y concesión de sus recursos, en este caso del agua. Y bajo este principio nace, en 2014, el Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida de San Pedro Tlanixco. Queda establecido que para la comunidad la prioridad por la vida humana está muy por encima de cualquier otro interés. Esto no implica que la lucha por el agua se olvidará, más bien que el grueso de los recursos de la comunidad se volcó en el seguimiento del proceso judicial y en la manifestación de apoyo a sus compañeros.
Desde entonces la simulación de los procesos judiciales, a cargo del juez Maximiliano Vazquez Castañeda, ha tomado más de 15 años, y pese a las distintas pruebas presentadas, el primer falló se dio en contra de los compañeros a quienes se les dictaron sentencias de más de 50 años.
La serie de detenciones de los compañeros comenzó en el 2003 y no cesó hasta el 2007 con la detención de la compañera Dominga González Martínez. A pesar de esto, el pueblo de San Pedro Tlanixco no ha dejado de ser víctima de intimidación y cateos por parte de las autoridades; lo que deja claro que la intención de las mismas nunca fue la búsqueda de justicia sino la desestabilización de la organización comunitaria.

Fuente: Centro Integral de Comunicación Comunitaria
https://www.facebook.com/CentroInte...