CIDH requiere al Estado Mexicano información sobre las violaciones denunciadas en la implementación del PIM

02.12.2020 Comunicado

El pasado 30 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha requerido al Estado Mexicano para que, en el plazo de 7 días proporcione la información que considere sobre: a) sus observaciones sobre la solicitud de medidas cautelares de las 17 comunidades y ejidos que las requirieron; b) Informe sobre las medidas que el Estado estaría implementando para proteger la vida e integridad física de las personas propuestas como beneficiarias; c) Informe sobre si la situación de las personas propuestas como beneficiarias habría sido revisada a nivel interno y, de ser el caso, aporte copia simple de las principales decisiones judiciales emitidas sobre los hechos alegados y; d) Cualquier información adicional que considere pertinente a las luz del artículo 25 del Reglamento de la CIDH.

Del mismo modo, requirió al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala y Ejidos de Ayala en Defensa del Agua: a) precise el universo de personas propuestas como beneficiarias, incluyendo cuantas comunidades son y cuantos habitantes tiene cada comunidad; b) aporte información más detallada sobre la situación de riesgo; c) presente mayor información sobre el desalojo alegado en la solicitud; d) informe sobre el estado actual de los recursos internos, aportando copia simple de las principales decisiones judiciales emitidas sobre los hechos alegados y; e) proporcionen cualquier información adicional que consideren pertinente.

De esta forma la CIDH está atendiendo con prontitud e inminente prioridad y preocupación la situación que viven las comunidades, ejidos y personas defensoras de derechos humanos que se defienden frente al Proyecto Integral Morelos y que han obtenido como respuesta del Estado Mexicano, la incursión de la Guardia Nacional para desalojar un campamento que resguardaba los derechos de los ejidos de Ayala, Morelos, los cuales cuentan con 8 suspensiones de plano para evitar disminuya el caudal de riego al que tienen derecho, así como la suspensión de plano que tiene el ejido de Amilcingo para evitar comience a funcionar el Gasoducto Morelos y la suspensión definitiva de la comunidad de Huexca para evitar se contamine el Rio Cuautla con las aguas de purga de la termoeléctrica.

Las 17 comunidades y ejidos congregados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala y Ejidos de Ayala en Defensa del Agua denunciaron las mentiras que el Presidente de la República y CFE realizaron previo al desalojo del plantón al señalar que todos los amparos estaban resueltos cuando no es así y existen suspensiones que pesan sobre el proyecto, así como los actos de intimidación que en asambleas y de manera personal han sufrido diversos integrantes de estas agrupaciones, como también el antecedente de violaciones a derechos humanos que ha implicado el Proyecto Integral Morelos y que, el año pasado, implico el asesinato del defensor de derechos humanos Samir Flores Soberanes, sin que a la fecha exista justicia para nuestro compañero asesinado y bajo el contexto de las declaraciones del Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien dijo que el Fiscal de Morelos ya sabe quien mato a Samir, pero no lo dice “porque tiene miedo”.

Ambas agrupaciones solicitaron las medidas cautelares de la CIDH para el efecto de que:

1. Se garantice el derecho a la libre manifestación, protesta, organización y reunión pacífica de las personas, ejidos y comunidades que se defienden frente al PIM;

2. Se garantice su protección y genere las condiciones de libertad y seguridad para que puedan continuar con su labor de defensa;

3. Suspenda el impulso del funcionamiento y culminación de construcción del PIM;

4. Revise el Estado Mexicano la profesionalidad e imparcialidad con que el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos y Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito han estado actuando con respecto al PIM y;

5. Inste al Estado Mexicano a que respete las suspensiones vigentes otorgadas en los juicios de amparo, realizando el retiro de la Guardia Nacional, policía estatal de Morelos, así como cualquier fuerza pública ubicada en el plantón de Apatlaco, así como el retiro de la maquinaria y las bardas de metal instaladas para custodiar la obra.

Esta solicitud de información al Estado Mexicano y trámite de las medidas cautelares por parte de la CIDH, refleja la grave situación de violación a derechos humanos que ha implicado e implica el PIM y que el Presidente de la República, CFE, Conagua, Fiscalía del Estado de Morelos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Poder Judicial Federal y demás instituciones del Estado Mexicano se han dedicado a ignorar y denostar en una franca y preocupante complicidad que refleja la falta de independencia de los organismos y poderes de gobierno. Aun a pesar de los llamamientos y documentos que se ingresaron al Presidente de la República para atender el caso y los cuales nunca contestó.

Ejidos de Ayala en Defensa del Agua

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala