El pasado 17 de octubre, al acudir nuestro compañero Juan Carlos Flores a una reunión en la ciudad de Cuernavaca, se percató que las tuercas que aseguran la llanta delantera de lado del conductor de su automóvil, habían sido aflojadas y que por ese motivo los tornillos que la sostienen se encontraban a punto de romperse con motivo que viajó así todo el trayecto en carretera desde Puebla hasta Cuernavaca, perpetrándose contra él, un atentado a su vida que pretendían hacer pasar por un accidente automovilístico.
Este no es un hecho aislado, pues el pasado 5 de agosto de este año fue hackeado su correo electrónico donde en el drive del mismo se encuentran diversos documentos legales de más de 50 juicios de amparo que lleva en coordinación, muchos de ellos con el Congreso Nacional Indígena.

Del mismo modo el 4 de octubre, movimientos sospechosos de vigilancia, hostigamiento y espionaje se llevaron acabo en su vivienda por dos automóviles modelo Chevy rojo y Renault azul y una patrulla del municipio de Juan C. Bonilla, aprovechando que existía un punto ciego en las cámaras que instaló el Mecanismo Federal de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos y una cámara que se encontraba sin servir, logrando nuestro compañero hacer un respaldo de los hechos en la computadora que funciona como servidor local de las cámaras que servían. Sin embargo, dichas grabaciones fueron sustraídas sin la notificación previa y autorización del compañero por la empresa que trabaja para el Mecanismo de Protección, argumentando que el software del servidor no se encontraba actualizado y que por eso dejó de funcionar una de las cámaras, pero al solicitar las grabaciones al Mecanismo, este negó que hubieran retirado ningún dispositivo. Posteriormente, el pasado 18 de noviembre, diverso personal de la empresa informó a nuestro compañero que las grabaciones habían sido borradas pues el servidor que sustrajeron fue formateado, a pesar que en todo momento se les estuvo requiriendo entregaran las grabaciones por haberse documentado en las mismas incidentes de seguridad, además el nuevo personal de la empresa señaló que el software no requiere estarse actualizando para el reconocimiento de las cámaras y que eso no era un motivo por el cual dejara de funcionar una de ellas, contradiciendo lo que justificó días antes un compañero suyo. Por lo que concluimos que la cámara que da a la entrada trasera de su casa fue saboteada y que dicho acto fue encubierto por el personal de la empresa y que además sustrajeron las imágenes que podía tener nuestro compañero sobre los posibles perpetradores, los cuales podrían estar vinculados a los 3 allanamientos y amenazas de muerte que sufrió en su domicilio en el mes de abril de este año.

Es inadmisible que un Mecanismo que se creo para dar protección a las personas defensoras y periodistas realice este tipo de actos de encubrimiento, sustracción de información privada y destrucción de pruebas que pudieran ayudar a esclarecer a sujetos perpetradores de los ataques.

El 19 de octubre, un agente ministerial de la Fiscalía Estatal de Puebla, acudió a casa del compañero so pretexto que le habían comisionado para realizar las investigaciones sobre los allanamientos y amenazas sufridos en el mes de abril y que realizaría entrevistas al respecto, pero al llegar solo se limitó a tomar fotos externas de su domicilio y a querer entrar al mismo a tomar fotos del interior, a lo cual nuestro compañero le señaló que primero le quería compartir las fotos que había tomado de cómo había sido el allanamiento para que las integrara a su investigación y le explicara como fueron las incursiones, ante lo cual el agente ministerial se negó a recibirlas vía WhatsApp señalando ahora que solo le indicaron tomar fotos del domicilio, y al observar que no podría entonces entrar a tomar fotos del interior, se retiró del lugar diciendo que reportaría que nuestro compañero se opuso a los actos de investigación.

Consideramos que la sustracción de videos y destrucción de los mismos por parte de la empresa que trabaja para el Mecanismo de Protección Federal de Personas Defensoras y el actuar del agente ministerial del Estado de Puebla para intentar ingresar a su domicilio son pruebas del encubrimiento y complicidad de las autoridades en los actos de vigilancia, hostigamiento, amenazas y atentados contra nuestro compañero. Por lo que responsabilizamos al Estado Mexicano de su integridad física, emocional y psicológica.

El proceso de represión, asesinatos, criminalización, estigmatización, campañas de miedo y división que se ha vivido en la lucha contra el Proyecto Integral Morelos no es exclusivo del FPDTA-MPT, por el contrario, en la presente administración de la mal llamada cuarta transformación ha existido un incremento atroz en el asesinato de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, comenzando con nuestro hermano Samir Flores a solo 3 meses de haber asumido el gobierno de López Obrador. Situación que se enlaza y contrasta con el incremento de la presencia del crimen organizado en las comunidades que se mantienen en resistencia contra los megaproyectos del gran capital y gobierno federal y el espionaje que realiza la SEDENA dado a conocer por el colectivo Guacamaya y que muestra que para el ejército mexicano la defensa del territorio de los pueblos es más peligrosa que muchos cárteles del narcotráfico.

Los actos de intimidación, espionaje y atentados contra nuestro compañero Juan Carlos, se suman a los procesos de judicialización injustos que se mantienen contra los compañeros Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolatl en Santa María Zacatepec, por la defensa del Río Metlapanapa y su territorio. Existiendo un empeño por acabar con la organización y resistencia no solo del FPDTA-MPT, sino de los pueblos indígenas del país.

Atentar contra nuestro compañero de lucha y abogado no solo es un ataque hacia su persona, sino a los legítimos procesos de defensa que llevamos como pueblos indígenas y los diversos casos que acompaña legalmente en otros estados del país.
No esperaremos que asesinen o encarcelen a otra de nuestras compañeras o compañeros de lucha y sabemos que los responsables de todo esto es el narcoestado mexicano. Manifestamos que nuestros compañer@s no están solos y que la lucha continuará hasta lograr que la vida triunfe ante la destrucción capitalista que gobierna nuestro país y el mundo.

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala