AL GOBIERNO FEDERAL.

AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE CHICOMUSELO, LA TRINITARIA, FRONTERA COMALAPA, AMATENANGO DE LA FRONTERA, MOTOZINTLA, SILTEPEC, COMITÁN, MAZAPA DE MADERO, LA GRANDEZA, BELLA VISTA, BEJUCAL DE OCAMPO Y EL PORVENIR.

A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.

A LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, CHIAPAS.

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS INTERNACIONALES.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL.

A 29 de Septiembre de 2023

Pronunciamiento Conjunto

La población civil no es un objetivo

Las organizaciones aquí firmantes nos unimos a las voces, incluidos los llamados realizados por las Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y de Tapachula, que se han pronunciado por la indignante situación de violencia que se vive en gran parte de Chiapas a causa de la complicidad y permisividad de las autoridades de todos los niveles de gobierno hacia el actuar de grupos de la delincuencia organizada quienes disputan el control del territorio para las economías legales e ilegales.

Desde hace más de dos años se ha venido agudizando esta disputa en el territorio caracterizada por un fuerte control social a partir del terror y la violencia armada. De acuerdo a notas periodísticas, y testimonios anónimos, alarma que entre las tácticas de los grupos criminales se ha tomado como rehén a la población civil, que es utilizada como escudo de guerra, forzándola a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos.

El corte de suministros básicos, como alimentos, gasolina, gas lp, luz eléctrica o servicio de compañías telefónicas mantiene a la población en vilo y zozobra con impactos psicosociales importantes. Existe angustia, escasez e incluso la imposibilidad de desplazarse por miedo a represalias de los grupos de la delincuencia en disputa.

Si bien la situación ha sido álgida en la Región Frontera, también en otros territorios se han presentado situaciones de violencia, y existe el riesgo inminente de que se generalice y agudice.

Frente a ello, el Estado tiene un deber urgente de protección, ya que es latente que la situación genere afectaciones y riesgos a la seguridad e integridad física, mental y emocional de la población. Las y los habitantes de estos municipios se encuentran en terrible vulnerabilidad con múltiples violaciones graves a sus Derechos Humanos, lo cual se suma a la histórica marginación del territorio.

Denunciamos:

El incremento de distintas formas de violencia: asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, amenazas, agresiones, extorsiones como “cobro de piso”, toma o irrupción de asambleas comunitarias, reclutamiento forzado, desplazamiento forzado, despojo de bienes y de medios de vida. La población ha estado en una intermitente incomunicación que ha derivado en desabasto y encarecimiento de productos básicos como alimentos y gasolina, generando aislamiento.
La interrupción de la vida cotidiana de la población a partir del corte de servicios básicos como luz y señal de celular, así como la suspensión indefinida de clases y de servicios de salud.
Múltiples violaciones a Derechos Humanos: el derecho a la alimentación, a una vida digna, a la seguridad, a la educación, a la salud, a la justicia, al libre tránsito, y a vivir en paz.
La minimización de la violencia por parte del discurso oficial, destacando el titular del Ejecutivo Nacional.
La criminalización que se hace de la población por parte de algunos medios de comunicación, desligando de su responsabilidad al Estado, y reproduciendo una narrativa estigmatizante y descontextualizada.
La respuesta insuficiente del Estado ante las denuncias de la población desde hace varios meses; pues no ha habido una estrategia integral que atienda las necesidades y que abone a una pacificación real.

Exigimos urgentemente al Estado mexicano:

Brindar atención integral a la población afectada directamente por la violencia.
Brindar atención urgente a las víctimas por desplazamiento forzado, y genere condiciones duraderas para su retorno pronto y seguro.
Atender las necesidades humanitarias de alimentación, salud y refugio ante la emergencia.
Garantizar la seguridad para el libre tránsito de la población.
Realizar una investigación imparcial y exhaustiva que identifique a los responsables de la violencia, y que se imparta justicia.
Implementar una estrategia integral, garantizando la seguridad de la población. No se considera la militarización prolongada como una respuesta duradera para lograr una pacificación real y estructural.
Garantizar la seguridad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, defensores del territorio, y ciudadanía en general en Chiapas, particularmente en la Región Frontera y Sierra.

Pedimos a la población en general su solidaridad, empatía y observación de lo que sucede en las Regiones de la Frontera y Sierra de Chiapas, velando por el cumplimiento de estas exigencias, la garantía de los Derechos Humanos y el cese de la violencia.

Para leer las organizaciones firmantes puedes consultar la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas