Como lo señalamos en nuestro comunicado del día 2 de junio sobre éste terrible caso, el tiempo, la decisión de resolver y los recursos adecuados para las pesquisas, son vitales para recuperar a los desaparecidos y secuestrados y es esto precisamente lo que el Gobierno de Ángel Aguirre no dispuso para evitar el asesinato de cuatro de de los ocho ciudadanos miembros del Frente de Unidad Popular desaparecidos de manera forzada el pasado jueves 30 de mayo en Iguala.
Las organizaciones de sociedad civil locales estamos atentas a las iniciativas que pretenden crear una Ley de Seguridad Interna presentadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de Acción Nacional (PAN) ante la Cámara de Diputados, en las cuales se prioriza y da pie a la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y control social interno. Sobre estas, reconocemos el grave riesgo que representan para el respeto de los derechos humanos y sobre todo ante la grave crisis que presenta el Estado y el país en cuanto a éstos.