Nebulosa 2 de febrero de 2022
Segunda emisión del año 2022! Compartimos Nebulosa, en su emisión del 2 de febrero de 2022. A través del Sistema de Información de la Resistencia recibimos noticias de la lucha que llevan adelante compas en diferentes latitudes de México y el mundo. Así que están invitadxs a hacernos llegar informaciones sobre la resistencia, denuncia o eventos, ya sean escritas o grabadas a través del teléfono 55 13 16 32 16 (con Telegram, What’s app y mensajes de voz y de texto), también pueden hacernos llegar sus mensajes a nuestras redes sociales en diaspora, facebook y twitter con el identificador kehuelga, y de nuestro correo electrónico kehuelga@kehuelga.net Todas y todos contra el monstruo capital y sus sirvientes. Canal de Telegram, What’s app y mensajes de voz y de texto).
Estas son las noticias de la emisión
Continúa la masacre de periodistas
Como los periodistas, también los defensores de derechos humanos están en peligro
Se reactiva la lucha de los mineros de Buenavista del Cobre, Sonora
Se presenta la red regional de familias migrantes
Con todo y contra todo, el gobierno encarrila el tren Maya
Contra la Ley Minera
Con presiones intentan activar consulta sobre Eólica en Oaxaca
Pandemia y clases presenciales: la realidad se impone
Continúa la masacre de periodistas
Como signo patente de la profunda crisis de inseguridad que vive México, cuatro periodistas fueron asesinados en 21 días.
El lunes 10 de enero desconocidos asesinaron a José Luis Gamboa, periodista independiente y director de la página en Facebook “Inforegio Network”, en el fraccionamiento Floresta, en el puerto de Veracruz, Veracruz. Según información pública, el cuerpo del periodista fue hallado con siete heridas con arma punzo-cortante, y no pudo ser identificado sino hasta el 14 de enero debido a que no tenía ninguna identificación. Gamboa cubría temas de política y presuntos vínculos entre las autoridades y grupos de la delincuencia organizada, así como la situación de inseguridad en el estado.
El lunes 17 de enero, Margarito Martínez fue asesinado con arma de fuego afuera de su domicilio en la colonia Camino Verde en Tijuana, Baja California. Martínez era un reportero gráfico con más de 15 años de trayectoria en medios como La Jornada Baja California, Semanario ZETA, Cadena Noticias, Punto Norte, entre otros. El periodista principalmente cubría la nota roja y policial.
El domingo 23 de enero, también en Tijuana, fue asesinada afuera de su casa Lourdes Maldonado López, reportera independiente y corresponsal para varios medios, entre ellos Canal 73 IZZI, Televisa y conductora del programa Brebaje en Radio Sintoniza Sin Fronteras y por internet. Lourdes cubría principalmente notas de política y corrupción en el estado de Baja California.
El lunes 31 de enero tocó el turno del reportero Roberto Toledo, colaborador del medio informativo Monitor Michoacán. Tres desconocidos lo balacearon en Zitácuaro, justo en la puerta de la empresa en que trabajaba. Roberto Toledo cubría asuntos de corrupción en la entidad y sus compañeros de trabajo afirman que recibieron amenazas que finalmente desembocaron en la muerte de Toledo.
Con estos asesinatos se eleva a 29 la cifra de comunicadores asesinados durante el gobierno de López Obrador, en una muestra más de que las promesas del gobierno se las lleva el viento.
Y mientras todas las autoridades involucradas juran y perjuran que se harán las investigaciones pertinentes, las y los periodistas realizaron una intensa movilización nacional el martes 25 de enero. Agrupados en torno a la consigna “no se mata la verdad matando periodistas” miles de personas salieron a las calles para exigir protección para las y los comunicadores y sobre todo el fin de la casi total impunidad para quienes cometen los asesinatos. De acuerdo con reportes de prensa, hubo movilizaciones en 40 ciudades del país, destacando la marcha en Tijuana, desde Las Tijeras hasta el edificio de la Fiscalía General de la República. En Veracruz hubo protestas en Coatzacoalcos, Minatitlán, Orizaba, Córdoba, Xalapa y el puerto de Veracruz.
En Ciudad Monstruo la cita fue en Bucareli, en la Secretaría de Gobernación. Cientos de personas mostraron la indignación que priva no solo por los constantes riesgos si no por la inacción de las autoridades y la inoperancia del mecanismo de protección de periodistas, cuyas medidas no han podido frenar las agresiones y asesinatos contra las y los comunicadores. Además de hacer un mural con fotografías de los periodistas asesinados, se hicieron enlaces con colegas de Tijuana y de otras regiones.
Desde este espacio enviamos nuestra solidaridad a los deudos de las personas asesinadas y nos sumamos al clamor ¡alto a la violencia contra las y los comunicadores!
Como los periodistas, también los defensores de derechos humanos están en peligro
Para muestra lo que sucede en dos estados:
En el municipio de Temixco, Morelos, el 27 de enero fue asesinada la activista Ana Luisa Garduño Juárez quien, tras el feminicidio de su hija, en diciembre de 2012, fundó una asociación civil para dar asesoría y acompañamiento a víctimas.
La fiscalía de Morelos informó que alrededor de las 23:30 horas, del 27 de enero, recibió un reporte de disparos de arma de fuego al interior del bar, en donde se encontraba una mujer lesionada. La mujer se encontraba sin vida y presentaban “lesiones penetrantes a consecuencia de disparos de arma de fuego”, era el cuerpo de Ana Luisa Garduño.
En Oaxaca, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió el pasado 31 de diciembre de 2021, cinco acciones urgentes a favor de cinco desaparecidos en las comunidades de Guerrero Grande y Mier y Terán, en el contexto de agresiones violentas contra las comunidades indígenas mixtecas de San Esteban Atatlahuca por empresarios madereros
En estas acciones urgentes, solicita a México que ponga en marcha medidas para la localización de Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Quiroz Riaño, Mayolo Quiroz Barrios e Irma Galindo Barrios.
Todos ellos defensores de derechos humanos que desaparecieron en Oaxaca, salvo Irma Galindo Barrios, que se vio por última vez en la Ciudad de México cuando iba a mantener una reunión con el Mecanismo de Protección.
El 27 de enero, a tres años de la desaparición de Irma Galindo barrios, se convocó a una acción global en exigencia de su presentación con vida.
Se reactiva la lucha de los mineros de Buenavista del Cobre, Sonora
El martes 18 de enero, decenas de mineros de la sección 65 bloquearon la carretera México 2, en el tramo Ímuris-Cananea para exigir que el gobierno federal reconozca la huelga en la mina Buenavista del Cobre, estallada hace más de 14 años. La mina pertenece al Grupo México del rey del cobre, Germán Larrea. A pesar de haber logrado decisiones internacionales que respaldan su huelga, en México las autoridades laborales no han dado curso a sus exigencias. El vocero de los mineros señaló: “Estamos protestando para hacer valer nuestros derechos, que han sido avalados y protegidos por las cortes internacionales. El acuerdo del lunes en la asamblea fue realizar este bloqueo desde las ocho de la mañana para hacer valer y exigir que nuestros derechos humanos sean respetados, porque hasta ahorita no hay una autoridad que nos haga valer. En Grupo México son unos violadores y nos han agredido sistemáticamente desde su llegada a Cananea y hoy se les sigue dando la protección”. Entre las promesas incumplidas está la del presidente López Obrador quien desde el inicio de su administración se comprometió a entablar negociaciones entre las partes. También es necesario destacar que fue el presidente Calderón quien despojó a los mineros de su contrato colectivo y permitió que la patronal impusiera un sindicato blanco.
La exigencia de los mineros es que se instale una mesa en que participe la empresa, el secretario de gobernación y el líder minero y senador Gómez Urrutia. Hasta el jueves 20 el bloqueó provocó grandes embotellamientos y fue suspendido una hora tras el compromiso de instalar la mesa de negociaciones. El plantón fue levantado el 21 de enero y se espera que en los próximos días se inicien las pláticas que den solución a este largo conflicto.
Se presenta la red regional de familias migrantes
El 19 de enero, en una acción de memoria y reclamo de justicia, Ana Enamorado, madre buscadora y defensora de los derechos de las personas migrantes en México se pronunció a las afueras de la Fiscalía General de la República en el 12 aniversario de la desaparición de su hijo Óscar Antonio López Enamorado, joven hondureño del que se desconoce su paradero desde el 19 de enero de 2010 en Jalisco.
Acompañada de otras madres de migrantes desaparecidos y desaparecidas en México, así como de organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, denunció el desinterés, las omisiones y la falta de voluntad que las autoridades de justicia en el país han demostrado en el caso de su hijo, pero también en los procesos de investigación y búsqueda de personas migrantes desaparecidas en territorio mexicano.
Frente a la Fiscalía General de la República, presentaron la Red Regional de Familias de Migrantes, integrada por al menos 11 familias de personas migrantes desaparecidas en México, originarias de Perú, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala cuyo fin principal es brindar acompañamiento a las y los familiares que desde Centroamérica viven la desaparición de un ser querido en el país.
¡Nadie es ilegal! ¡Hasta encontrarles a todxs!
Con todo y contra todo, el gobierno encarrila el tren Maya
El Gobierno de México, expropió más de 2 millones de metros cuadrados de territorio del estado de Quintana Roo para la construcción del Tren Maya, decisión que fue publicada el 11 de enero de 2022 en el Diario Oficial de la Federación.
Esta nueva expropiación, dice el gobierno, se justifica porque los propietarios dieron su aval para llevarla a cabo; se trata de hoteleros y “cierta” población urbana que ven al tren como una vía de acceso al turismo del que serían beneficiarios.
Sin embargo, esta decisión nuevamente toma una vía rápida alterna y deja a las comunidades opositoras en un camino jurídico aletargado, en donde las denuncias de impacto ambiental que han realizado las comunidades indígenas de cinco estados del sureste están durmiendo en algún escritorio, las problemáticas denunciadas desde una perspectiva de género en el Primer foro de Mujeres en Defensa de la Vida y Territorio en la Península de Yucatán, perdidas en la vorágine de la información y los 25 amparos y juicios promovidos por parte de las comunidades y organizaciones sociales por violación de derechos ambientales, derechos a la consulta a los pueblos indígenas y de la salud, en el aletargado proceso judicial.
Primero fue el decretazo, ahora la expropiación; todo esto deja ver que el gobierno pretende eliminar con glopes todo obstáculo que obstruya la construcción del Tren. Sin embargo, el abogado Jorge Fernández, de Equipo Indignación, Promoción y defensa de los derechos humanos, de la península de Yucatán, afirma que este año será clave para conocer cuál es el proyecto real del Tren Maya, del que el gobierno mexicano se ha negado a entregar información que considera como “reservada”, violando el Acuerdo de Escazú, tratado ambiental para América Latina que entró en vigor en 2021 y que tendrá su primera conferencia en abril próximo.
Contra la Ley Minera
El 19 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pospuso la revisión del caso de la comunidad Nahua y Ejido de Tecoltemic contra 2 concesiones mineras y contra la Ley minera, hasta el 2 de febrero.
La discusión es delicada, los ministros están por votar una sentencia que reconoce que fue violado el derecho a la consulta y al consentimiento de Tecoltemi, por lo que las dos concesiones mineras impuestas por la Secretaría de Economía sobre su territorio deben cancelarse; pero por otro lado y en lo que respecta a la Ley Minera, resulta preocupante que el proyecto afirme que ésta no se relaciona directamente con los intereses y derechos de los pueblos indígenas, pues su objeto es regular la actividad minera, y no aspectos de la vida social, económica o política de tales pueblos.
Lo que Tecoltemi ha venido reclamando en torno a la Ley Minera es que –a pesar de la protección constitucional y convencional que tienen las tierras y los territorios indígenas y ejidales– la Ley minera decreta de antemano que las actividades mineras deben preferirse sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del territorio, aun cuando se trate de territorios indígenas o ejidales; determina que las empresas mineras tienen preferencia para usar y aprovechar el agua para la minería, e incluso para actividades más allá de la minera; garantiza a las empresas el acceso pleno a los terrenos mediante figuras como la expropiación o la ocupación temporal; autorizando estos abusos hasta por 100 años.
Por tal motivo, la exigencia clara de la comunidad a los ministros es: cumplimiento al mayor respeto, protección y garantía no sólo de Tecoltemi, sino de los derechos del resto de las comunidades del país, contribuyendo así a la eliminación de la discriminación histórica y la desigualdad estructural padecida por todas ellas.
Hoy la lucha es por la vida …
Con presiones intentan activar consulta sobre Eólica en Oaxaca
El 16 de enero, el ayuntamiento municipal de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, difundió la convocatoria para el reinicio de la Consulta Indígena para la instalación del parque eólico de la empresa Électricité de France (EDF).
El proceso de consulta, iniciado en abril de 2018 y detenido debido a la pandemia de Covid-19 debía, según la convocatoria, ser retomado el 22 de enero, en su fase final, en la etapa deliberativa; sin embargo, por falta de quórum se pospuso para el 29 de enero.
La Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, Istmo de Tehuantepec, ha expresado su inconformidad ante la decisión de la reanudación del proceso. “Deliberar en medio de la pandemia es un acto coercitivo de las autoridades”, pronunciaron los comuneros de la comunidad zapoteca en sus redes sociales.
Los zapotecas han denunciado, desde por lo menos 2017, que la EDF firmó contratos y acuerdos, desarrolló procesos paralelos de información y comunicación, y contribuyó a la ruptura del tejido social en Unión Hidalgo, afectando el carácter previo, libre e informado de la consulta.
Han denunciado además que las acciones de la empresa, en conjunto con autoridades, han llevado a la comunidad de Unión Hidalgo a una escalada de violencia, especialmente hacia comuneros y comuneras que están en contra del proyecto.
Además de la imposición de los aerogeneradores, se promueve la firma de contratos entre la empresa y pequeños propietarios de la tierra. Esta modalidad pasó por alto el carácter comunal de las tierras. Omitió a la figura del representante de bienes comunales que desde 2012 nombró la Asamblea de comuneros de Unión Hidalgo.
La Asamblea interpuso amparos contra las violaciones a los derechos indígenas y humanos que EDF cometía a través de su proyecto eólico “Gunaa sicarú”. Por ello la Secretaría de Energía (Sener) y la filial de la empresa francesa tuvieron que promover en el 2018 una consulta indígena. Se suponía que debía ser previa, libre e informada, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT; sin embargo la consulta comenzó cuando los contratos entre la empresa y los pequeños propietarios ya estaban firmados. Esto ya ya había implicado la violación al carácter previo de la misma y a la tenencia comunal. Además la empresa ya había obtenido licencias para generar energía eléctrica.
No podemos dejar de decir, que la reactivación de la consulta abona a un ambiente de violencia y pone en riesgo la integridad física de los y las defensoras del territorio en el Istmo de Tehuantepec.
Pandemia y clases presenciales: la realidad se impone
Y mientras el supremo gobierno insiste en que se deben reanudar las clases presenciales en todos los niveles educativos “por que ya estamos vacunados”, la terca realidad muestra que no basta la voluntad para reactivar los cursos escolares. Debido a los contagios masivos se redujo la asistencia de profesores y alumnos en las escuelas, y algunas universidades han retrasado el inicio de las clases presenciales. En ese marco, la CNTE realizó una conferencia de prensa el jueves 27 de enero, en la que llamó a las autoridades educativas para reconocer “la realidad que existe en las escuelas y no seguir imponiendo las clases presenciales como única alternativa, pese al incremento constante de contagios en los centros escolares”. Entre las exigencias de las y los maestros democráticos están la cobertura sanitaria para todo el personal educativo y la atención del rezago en la formación escolar tras dos años de pandemia. El 5 de febrero habrá un encuentro con organizaciones sociales y políticas para acordar acciones y enfrentar la situación actual.