Cifras de muertos, desplazados y desaparecidos

La primera semana del año 2018 quedó registrada con un saldo rojo de 80 muertos en hechos violentos registrados en diez estados. Tan solo en Chihuahua ya sumaban 27 personas privadas de la vida de forma violenta durante esa semana.

El mes de enero de 2018 fue especialmente violento. En especial contra la juventud. En ciudad monstruo, el día 23 de enero de 2018, cuatro elementos de la policía de Mancera, desaparecieron por varios días a Marco Antonio Sánchez Flores, un estudiante de preparatoria de 17 años, en la estación de Metrobús El Rosario. Marco Antonio fue golpeado, subido a una patrulla, y durante casi 6 días no se supo nada sobre su paradero. Fue hasta el 28 de enero que Marco fue localizado Tlalnepantla con muestras de golpes, rapado y con signos de desorientación. Ese mes también en Oaxaca fue desaparecido el periodista Agustín Silva de 22 años de edad y colaborador de “El Sol del Istmo”. Fue reportado como desaparecido el día 23 de enero de 2018. Un año después seguimos sin respuestas del paradero de Agustín. En el estado de Jalisco, Ulises Adair Cardona Flores, de 17 años de edad fue secuestrado por elementos de la Marina Armada de México, en Tuxpan. Para finalizar el mes, el 24 de enero, Adán Gómez, un biólogo de la UNAM desapareció en Chiapa de corzo, donde fue encontrado su cuerpo sin vida días después.

Las imágenes de la guerra que vimos durante el 2017 siguieron viéndose durante buena parte del 2018. Por ejemplo, los primeros días de febrero de 2018, en Veracruz fueron decapitadas tres personas Pajapan y otras nueve en Jalapa. Para esos días, decía el semanario Zeta, que el estado de Baja California había vivido uno de sus momentos más violentos en los últimos tiempos, al registrarse 280 homicidios dolosos.

Con esas tendencias, ya para septiembre de 2018, el semanario Proceso decía que “cada mes se [habían] registrado entre 2 mil 100 y 2 mil 461 muertes violentas”, lo cual se traducía en la escalofriante cuenta de 78 asesinados por día, es decir al menos tres muertos cada hora. Tres meses después, cuando el 1 de diciembre concluyó por fin, y la pesadilla llamada gobierno de Peña Nieto terminó. Dos días después, el semanario Zeta de Tijuana publicó su balance en materia de personas asesinadas, en el que podemos leer: “Del primero de diciembre de 2012, día en que Peña tomó posesión como Presidente de la República, al 31 de octubre de 2018 -a un mes de concluir su mandato-, en el país se han registrado 150 mil 992 muertes violentas”. A partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal, esta revista estableció que las entidades con el mayor número de muertes violentas fueron: Estado de México con 17 269, Guerrero con 13 944, Chihuahua con 11 506, Guanajuato con 8 797 y Jalisco con 8 749, en tanto que en Ciudad Monstruo se contabilizaron 7 136 casos; en Aguascalientes y Yucatán se reportaron 340 y 321 homicidios dolosos.

El panorama no pinta mejor para el 2019. sobre todo porque las cifras de los homicidios dolosos no han dejado de aumentar. La guerra continúa y cuenta de ello dan los narcomensajes en el sur de Veracruz los primeros días de enero del presente año o las ejecuciones constantes en el norte del país. A esto hay que sumar la militarización del país, iniciativa impulsada por el nuevo gobierno y las agrupaciones parlamentarias, con la cual se busca pacificar al país. En este panorama poco favorable habrá que prepararse para un sexenio con los militares en las calles.

Ayotzinapa y la lucha por la presentación de los desaparecidos en el país

En los 40 meses de lucha, las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, recorrieron varios estados de la república mexicana, durante el mes de febrero de 2018, con la intención de acercarse a la sociedad y explicar el estado en el que se encontraba la investigación del caso. Para ese momento, las compañeras y compañeros reiteraron que seguían exigiendo la investigación “del ejército, de los teléfonos celulares, trasiego de drogas a Chicago”. Para el primero de marzo el gobierno mexicano, echó mano de todo para dar carpetazo al caso Ayotzinapa. Durante la Audiencia del Mecanismo de Seguimiento del caso, que se realiza en el contexto del 167 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá, Colombia, la representación del gobierno mexicano a cargo de Alfredo Higuera, sostuvo tener pruebas que aclaran las razones del crimen de 43 estudiantes que desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014, que aún no puede hacerlas públicas, ayudarán a concluir el caso. Días después supimos que se trataba de acomodar las piezas para sostener la mentira histórica del basurero de Cocula. Resulta que el 12 de marzo, la PGR anunció la captura de Erick Uriel alias “La Rana”, que según las autoridades judiciales habría sido testigo del momento en que los normalistas fueron llevados a Cocula y con el objetivo de dar sustento a la “verdad histórica”. A los pocos días de que la PGR presentara a su chivo expiatorio para sacar de los escombros la “verdad histórica” y pretender dar el carpetazo al Caso Iguala, el día jueves 15 de marzo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU vuelve a remarcar, que una buena parte de los imputados, detenidos durante la primera parte de la investigación sobre lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014 a cargo de la PGR tienen signos de tortura.

El 12 de abril, una nota del diario Reforma, firmada por Roberto Zamarripa, dio cuenta de las conversaciones telefónicas entre miembros del crimen organizado de Chicago, Estados Unidos, e Iguala, México. En esas intercepciones telefónicas se consigna que hubo entre 50 y 60 personas desaparecidas y que participaron en los hechos elementos de las policías de Iguala, Cocula y Huitzuco, siguiendo las órdenes de los jefes del grupo criminal Guerreros Unidos ubicados en Chicago. Ese día Tlachinollan, Serapaz, el Centro Pro y Fundar publicaron una respuesta a las revelaciones del diario Reforma. De lo señalado por estas organizaciones destacan tres puntos: 1. El carácter internacional del grupo criminal Guerreros Unidos y la pertinencia de investigar el tráfico de drogas como elemento esencial en la desaparición de nuestros compañeros. 2. La debilidad de la “verdad histórica” de Murillo Karam pues los dichos registrados en las intercepciones telefónicas difieren en tiempo, lugar y situación de lo afirmado por la Procuraduría. 3. Nunca hubo infiltración o presencia de grupos criminales entre los estudiantes de Ayotzinapa.

El 19 de marzo de 2019, fueron desaparecidos en Tonalá, Jalisco, Marco Francisco García Avalos, Jesús Daniel Díaz García y Javier Salomón Aceves, cato que desató una fuerte ola de manifestaciones en la capital del estado. La primera de las acciones se llevó a cabo el día 19, al cumplirse un mes de la desaparición, cuando miles de personas, sobre todo estudiantes, se movilizaron desde la ahora conocida como Glorieta de los desaparecidos hacia el Palacio de Gobierno para justicia. La segunda acción ocurrió el 24 de abril, en la glorieta de Los Niños Héroes, en Guadalajara. Para el día 26 de abril, se llevó a cabo una marcha más. En esa ocasión convocada por el Colectivo por Ayotzinapa y en la cual participaron madres y padres de los normalistas desaparecidos. El 5 de mayo, se volvió a llevar a cabo una gran manifestación para exigir la aparición de las miles víctimas de desaparición en Jalisco y un alto a la guerra contra la juventud.

El día 8 de mayo, en la audiencia de oficio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada en República Dominicana, las familias de los 43 normalistas desaparecidos y sus representantes legales señalaron a los y las magistradas que las autoridades mexicanas buscan cerrar el caso ante la probable próxima alternancia en la Presidencia de la República. En esa audiencia, y luego de conocida la nota del diario Reforma, así como de las denuncia hecha por Jan Jarab, la representación legal d ellas familias advirtió un posible cierre del caso debido: al rechazo del informe de la ONU sobre tortura, la filtración de mensajes entre presuntos involucrados con el propósito de exculpar a funcionarios estatales y federales.

En este contexto, el día 10 de mayo del 2018, se llevó acabo la VII Marcha de la Dignidad Nacional: madres buscando a sus hijos e hijas. En esa acción, miles de familiares de personas desaparecidas y organizaciones salieron a las calles de varias ciudades del país para exigir la presentación de sus seres queridos. La movilización más grande se llevó. Acabo en la Ciudad Monstruo, donde las familias, madres y padres señalaron la falta de atención por parte del Estado Mexicano para dar con el paradero de los desaparecidos. En el mitin se habló de 200, 000 mil personas desaparecidas en el país, muchas de las cuales son víctimas de trata y secuestros. Algo que es importante señalar, fue la convergencia de organizaciones en dicha acción, no solamente en la manifestación de la ciudad monstruo, sino en las distintas ciudades del país donde se movilizaron las familias para exigir verdad y justicia.

En medio de una cascada de denuncias nacionales e internacionales sobre la responsabilidad de los tres niveles de gobierno y de las fuerzas armadas en las desapariciones, el sábado 2 de junio se dieron a conocer la terroríficas cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, con base en la información que le entregan fiscalías estatales y la PGR, quien reporta la existencia de 37 mil 435 carpetas de investigación abiertas por personas “no localizadas”: 36 265 reportadas en el fuero común y 1 170 en el fuero federal. Si se consideran las investigaciones del fuero común, las principales entidades afectas por la plaga de las desapariciones son: Tamaulipas, con casi 6 000 casos; Estado de México, 3 mil 890; Jalisco, 3 mil 362; Sinaloa, 3 mil 27; y Nuevo León, 2 mil 895. En cuanto al fuero federal, la mayoría de los expedientes se concentran en Guerrero, con 325 (incluidos los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014); Veracruz, con 207, y Tamaulipas, con 141. La mayor parte de las y los desaparecidos son jóvenes de entre 15 y 39 años.

Para el 4 de junio y casi por generación espontánea, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con cede en Tamaulipas ordenaron reponer el procedimiento del Caso Iguala y crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, toda vez que determinaron existen “indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”. La resolución establecía la creación de una Comisión de Investigación de la Verdad y la Justicia encargada de hacer las investigaciones, con el objetivo de llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repita este tipo de violaciones de derechos humanos.

A finales del mes de julio, las madres y los padres de familia de Ayotzinapa denunciaron la ofensiva legal que el gobierno de Enrique Peña Nieto emprendió en contra de la sentencia de un Tribunal Colegiado que ordena conformar una comisión de investigación para el caso Iguala. Pues había, nada más y nada menos, que más de cien recursos legales interpuestos por el gobierno federal contra contra la decisión del Tribunal colegiado de Tamaulipas.

El 24 de agosto, mediante un comunicado, el colectivo Movimiento Agrario Zapatista (MAIZ), denunció la desaparición forzada del compañero Sergio Rivera Hernández quien forma parte del movimiento de comunidades en resistencia en contra de la Hidroelectrica coyolapa-atlzalá. En este clima de agresiones, el día 27 de agosto, la as madres y padres, junto con organizaciones solidarias realizaron un mitin a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para demandar sean escuchados por la Corte, para que resuelvan a favor de creación de la comisión de investigación por verdad y la justicia para el caso AYOTZINAPA.

Los días 28 y 30 de agosto, durante la tercera visita a México del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos humanos, la relatora Esmeralda Arozamenta exigió al Estado Mexicano acelerar los trabajos de búsqueda de los normalistas.

El día 30 de agosto de 2018, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, miles de familiares de víctimas de desaparición realizaron manifestaciones y actos públicos en al menos 18 estados del país para exigir presentación con vida de sus familiares, esclarecimiento de los hechos en los cuales desaparecieron sus parientes, exigir justicia y “denunciar que ha sido la ambición de poder, la incapacidad y la soberbia del gobierno lo que ha provocado la desaparición de sus seres queridos.”

El 25 de septiembre, un día antes de cumplirse 4 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, se dio a conocer el pronucniamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) que subrayó que el caso no es sólo una herida abierta, también es un símbolo de las desapariciones en México.

El 3 de diciembre, AMLO y las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa firmaron un decreto para fortalecer el derecho a la verdad y la justicia en el caso. El decreto ordena la creación en 30 días hábiles de una Comisión Presidencial- coordinada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que proveerá a los familiares de las víctimas, como coadyuvantes en la investigación, de todas las facilidades y apoyos institucionales que requieran para el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, ese decreto no dio luz verde a la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, que ordenó el Tribunal Colegiado de Reynosa, Tamaulipas. Esta deberá ser creada por la nueva Fiscalía General de la República, sin embargo, el decreto instruye a la Secretaría de Gobernación que genere los convenios y procesos de trabajo con la Fiscalía a fin de asegurar su creación.

Pareció que los últimos meses del año cambiaron las perspectivas del rumbo del caso Iguala. Si bien pasamos abruptamente de un periodo en el que gobierno de Peña Nieto buscaba dar el carpetazo al caso a un tiempo en el que el nuevo gobierno de López Obrador prometió dar prioridad al caso e instaurar los mecanismos para emprender las investigaciones, pero en los hechos los avances han sido minúsculos y lentos, cuando a todas luces e un tema fundamental en el país. También resulta fundamental seguir apoyando la busqueda de las otras miles de personas desaparecidas en el país. En el actual momento que vive el país, y por la inevitable militarización del país, parece que la lucha por la vida sigue residiendo en las agrupaciones de familiares de personas desaparecidas y asesinadas en el país que exigen verdad y justicia, algo que seguiremos apoyando, porque más allá de los nuevos gobiernos, seguiremos luchando contra la muerte que impone el Estado Mexicano.