En la comunidad del Charco, municipio de Ayutla, Gro., hace 13 años que el ejército ejecutó, de forma cobarde (su típico modo de actuar), a compañeros que se reunían en la escuela rural "Caritino Maldonado" para buscar soluciones a la injusticia, la pobreza y el caciscazgo que padecen campesinos e indígenas de la zona. En total fueron 11 campañeros caidos: 7 civiles desarmados y 4 revolucionarios combatientes pertenecientes al ERPI. Entre los civiles caidos se encontraba Ricardo Zavala, estudiante de la UNAM. Otra compañera universitaria cayó presa en las masmorras de la injusticia, Erika Zamora.
El ejército justificó la masacre argumentando que se trataba de un enfrentamiento con la guerrilla, pero el ERPI, mediante un comunicado del 7 de junio de 1998, desmentiría a los guachos :
"El ERPI no convocó a la reunión del día 6 de Junio en la escuela de El Charco, una de nuestras unidades llegó a la reunión campesina que se efectuaba en la escuela, no para realizar "adoctrinamiento político militar" como dijo el ejército en su versión, sino para escuchar los planteamientos, opiniones y necesidades de los pueblos como parte de la consulta popular que estamos realizando para elaborar nuestros planteamientos" (vease comunicado 3 del ERPI en la pag www. cedema.org).

A trece años de la masacre el municipio de Ayutla sigue siendo un lugar de injusticia y pobreza para el campesino o indigena, a su situación desfavorable hay que agregar la militarización del municipio. Con el establecimiento de los militares y sus prácticas de guerra sucia, ha incrmentado la injusticia y la impunidad: ahora los milicos violan y reprimen a los habitantes de Ayutla de forma brutal, los ejemplos sobran:

LAs violaciones de las indígenas Me phaa, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, por parte de elementos del ejército

Las ejecuciones de Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas pertenecientes a la Organización Para el Futuro del Pueblo Mixteco, sobrevivientes de la masacre del Charco ejecutados en febrero del 2009.

Ante esta guerra de baja intensidad el día 7 de junio se recordó, en el municipio de Ayutla, a los caidos en la masacre del Charco. Aqui les compartimos una reseña de las acciones de ayer:

Zacarías Cervantes

El Charco

Los pueblos Me’phaa y Na´savi, acompañados de dirigentes y representantes de organizaciones sociales y de organismos de derechos humanos, recordaron aquí la masacre de 11 indígenas ocurrida la madrugada del 7 de junio de 1997 y en este contexto, se pronunciaron porque la Comisión de la Verdad anunciada por el actual gobierno de Ángel Aguirre Rivero, investigue este acontecimiento y lleve ante la justicia y a la cárcel a los militares responsables.

También se pronunciaron por la desmilitarización de los pueblos indígenas,
la cancelación del proyecto de la presa La Parota, la terminación de la red
de agua para las cinco comunidades de la parte baja del municipio de
Tecoanapa, el apoyo a los desplazados de La Laguna que se encuentran en
Puerto Las Ollas, y en general, hicieron un llamado a la unidad del movimiento social para alcanzar el desarrollo de los pueblos, la justicia, la paz y porque cese la criminalización de la lucha social.

Antes del mediodía, unos 300 indígenas de las comunidades de este municipio de los pueblos Me´phaa y Na´savi, así como dirigentes y representantes de las organizaciones y organismos civiles de derechos humanos que vinieron de todo el estado, y algunas de la ciudad de México, marcharon del crucero de Ocote Amarillo a la escuela Caritino Maldonado Pérez, en donde la madrugada del 7 de junio de hace 13 años, militares del 48 Batallón de Infantería, encabezados por el general Manuel Oropeza Garnica, con base en Cruz Grande, acribillaron a indígenas que por la noche habían tenido una reunión en la búsqueda de opciones para el desarrollo de los pueblos de la región, y en donde, asimismo, pernoctaban integrantes de una columna del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

En la cancha de esa escuela, los indígenas e integrantes de las agrupaciones visitantes realizaron un mitin, y, frente al inmueble, que aún conserva las huellas de la metralla disparada por los soldados, denunciaron que a 13 años de la masacre no se ha hecho justicia, que los responsables no han sido llevados ante la justicia y que siguen libres gozando de inmunidad.
Incluso, a nombre de las viudas y sobrevivientes, Eustolia Castro Ramírez, denunció que ni siquiera apoyo han recibido del gobierno, dijo que los familiares no han sido indemnizados y que los hijos de las víctimas han dejado de ir a la escuela porque carecen de recursos.

La jornada por el recuerdo de las víctimas, fue organizada por el Centro de
Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, representado por el abogado Vidulfo Rosales Sierra, y asistieron además de los sobrevivientes, familiares de las víctimas e indígenas Me phaa y Na savi, dirigentes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (Fodeg), de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), Organización del
Pueblo Indígena Me phaa (OPIM), la Asamblea Popular de los Pueblos de
Guerrero (APPG) y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación
(CETEG). Asimismo, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP), la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgroac), el Consejo de Pueblos de Tecoanapa, Década contra la Impunidad, así como Pueblos Organizados por el Desarrollo.

“Foco rojo”

El director del Centro de Derechos Humanos de la Momtaña Tlachinollan,
Vidulfo Rosales Sierra, reclamó al actual gobernador Ángel Aguirre Rivero,
que si de verdad es un gobernador de izquierda “que haga justicia y que lleve a la cárcel a los responsables de la masacre”. Asimismo, pidió que la Comisión de la Verdad se integre realmente para buscar justicia e investigue este caso y que los generales que encabezaron la masacre sean llevados a la justicia y a la cárcel. Denunció que como secuela de estos actos de represión el municipio de Ayutla ha quedado como “foco rojo” por parte del gobierno y que tanto los mixtecos como los tlapanecos han sufrido la represión constante por parte del Ejército.
“Los indígenas no somos delincuentes, que agarren a los que andan echando
balazos en las calles, nosotros lo que hacemos es, únicamente, labrar la tierra”, dijo.

Antes, uno de los sobrevivientes, Anastacio Ramírez Simona, dijo que la
masacre del 7 de junio es un hecho que difícilmente se borra de la memoria,
“siempre se recordará que el 7 de junio fue cuando cayeron los soldados a masacrar a nuestro pueblo que estaba reunido para que se nos abrieran los ojos tanto a los mixtecos como a los tlapanecos”, dijo.

En tanto la viuda Eustolia Castro Ramírez exigió justicia, pues señaló que “desde que mataron a nuestra gente aquí, no se nos ha hecho justicia, y tampoco ha habido apoyo para los sobrevivientes y para las viudas, no ha habido una indemnización, los niños ya ni estudian por falta de ayuda”.
La mujer, única de sus compañeras que habla el español, agradeció a los asistentes a la marcha y mitin, pero también les pidió que no se olviden de esta fecha, “sino que la sigamos recordando año con año”.

La presidenta de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel, dijo por su parte que ayer se cumplieron 13 años de que el gobierno no ha hecho justicia a esta comunidad, “y no sé qué es lo que quiere el gobierno, pues por ser indígenas no tenemos ningún apoyo, lo único que nos manda es a los guachos y citó como ejemplo las amenazas y agresiones que sufrió un grupo de sus compañeros y ella en las instalaciones de la OPIM, la noche del lunes en Ayutla. Y se preguntó: “¿Por qué fue precisamente ayer?, (en la víspera de la masacre de El Charco). ¿Por qué no fue otro día?”.
Recordó que cuando fueron masacrados los indígenas en esta comunidad, los que murieron estaban asumiendo un derecho que tienen como pueblo; la organización. “¿Entonces por qué nos matan, si los indígenas desde que nacemos tenemos los mismos derechos que cualquier mexicano?”.
Denunció que en su caso sigue recibiendo amenazas, “pero yo le digo al gobierno que cuando quiera matarme que lo haga, que no me mande amenazar” retó y después arengó a los indígenas asistentes para que se sigan organizando y luchando por sus derechos, “no tengamos miedo”, dijo, y después de dejar el micrófono fue al encuentro de su hija Jade Biyú (águila) de apenas un año de edad, que nació en este ambiente de hostigamiento que denunció.

Después vinieron las participaciones de los dirigentes sociales, el del
Fodeg, Bertoldo Martínez Cruz, denunció que después de la masacre de los 11 indígenas en ésta comunidad han sido asesinados otros 40 en diferentes comunidades de este municipio, y que algunos son de menos connotaciones y que por eso no se dieron a conocer pero que la represión a los indígenas sigue. Dijo que mientras tanto los soldados incumplen con sus funciones “nosotros tenemos retenes de militares y de narcos y qué casualidad que entre ellos nunca se encuentran. Yo, por ejemplo no soy drogadicto, pero sé donde venden droga, todo mundo sabe donde la venden sólo ellos no saben, o sea que estamos jodidos con este sistema que tenemos”, dijo.

Expuso que después de las masacres, vienen algunas ayudas como la construcción de centros de salud o escuelas, como ocurrió aquí, en El
Charco, “o sea que necesitamos 20 o 30 masacres para que logremos el desarrollo en estos pueblos”. Se quejó de que, mientras tanto los asesinatos en contra de los indígenas no se investigan y que no se les hace justicia y adelantó que la citada Comisión de la Verdad que propone el gobernador Ángel Aguirre, “es una faramalla si viene del gobierno para acá, pues es para servirle al patrón”.

El representante de la APPG, Hoguer Morales, demandó que cese la criminalización de la lucha social y que se investiguen todos los crímenes en contra de dirigentes e indígenas. En tanto, Mario Zamora Maldonado, de la CETEG, dijo que el gobernador Aguirre tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas y que por ello la Comisión de la Verdad no debe convertirse en una Comisión de la Falsedad y que realmente investigue y castigue a los responsables de las masacres como la de El Charco.
Demandó a las organizaciones asistentes unidad, porque dijo que el pueblo ahora se encuentra también inerme ante los crímenes y desapariciones forzadas por lo que demandó una unidad en la práctica “para que el reclamo
de uno, sea el reclamo de todos”.

Como en respuesta, el representante del CECOP, demandó a su vez, una unidad real, “y no solamente venirse a echar un rollo, debemos unificar nuestra lucha para exigir castigo a estas masacres y asesinatos, pero la unidad se debe de demostrar de aquí para allá y de allá para acá”, dijo.
Por su parte Manuel Olivares Hernández hizo suyo el reclamo de la solidaridad incondicional, y aprovechó para expresar ahí la solidaridad con el caso de El Charco, pero también con los desplazados de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, con los pueblos de Tecoanapa que reclaman agua y solidarizarse con la marcha por la justicia que va rumbo a Chihuahua, reclamos que también había hecho Martínez Cruz.
El representante del Consejo de Pueblos de Tecoanapa, habló poco del caso de la masacre de El Charco y se extendió en pedir la solidaridad con los cinco pueblos que demandan la terminación de la red de agua, incluso anunció que en breve tendrán que recurrir a la toma de carreteras para encontrar respuesta del Gobierno.

La representante de Década Contra la Impunidad, una agrupación de la ciudad de México, María Magdalena López, se concretó en sumarse a la exigencia de justicia y se manifestó en contra del hostigamiento a los pueblos indígenas de Guerrero. Asimismo, el dirigente de la Organización de Pueblos y Organizaciones por el Desarrollo Regional, Arturo Campos denunció la falta de apoyos del gobierno a las comunidades indígenas, a la vez de que denunció que, en cambio, sí manda a asesinarlos, amenazarlos y a hostigarlos. En el mitin estuvieron, también, los sobrevivientes Efrén Cortés Chávez y Erika Zamora Pardo, estudiantes de la UNAM, cuando ocurrió la masacre. Erika, fue la encargada de dar el pase de lista de los 11 masacrados la mañana del 7 de junio, mientras que a cada nombre los asistentes respondían con un “presente”.
Después del mitin los integrantes de las organizaciones sociales se trasladaron al panteón a depositar ofrendas florales en las tumbas de las víctimas.